Acusación formal ante la Corte Suprema por presunto amaño en operativo antidrogas
La Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra del contralmirante (r) José Ricardo Hurtado Chacón, quien se desempeñaba como exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los cargos se derivan de su presunta participación en la liberación ilegal de tres individuos capturados durante una operación marítima que resultó en la incautación de 530 kilos de cocaína.
Detalles de los delitos imputados
Según el documento de acusación, a Hurtado se le endilgan cuatro delitos graves:
- Prevaricato por acción
- Destrucción u ocultamiento de documento público
- Falsedad ideológica en documento público
- Fraude procesal
Contexto operativo y alteración de evidencias
La operación fue ejecutada por miembros de la Armada Nacional adscritos a la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico No. 73, bajo el mando directo de Hurtado. Se incautó una lancha rápida con 22 bultos de clorhidrato de cocaína, y los documentos iniciales del procedimiento fueron elaborados por el teniente de fragata Carlos Andrés Javela Esquivel, con asesoría jurídica de la teniente de corbeta Inés Andrea Pérez Jaramillo.
Sin embargo, la Fiscalía alega que al día siguiente, 30 de noviembre de 2015, Hurtado ordenó verbalmente a sus subalternos liberar a los capturados y destruir los documentos originales. Posteriormente, se habría elaborado un nuevo informe que omitía por completo las capturas, falsificando los hechos para indicar que solo se incautaron la embarcación y la droga.
Fundamentos legales de la acusación
La investigación sostiene que Hurtado actuó con ostensible ilegalidad, ya que no tenía competencia judicial para disponer la libertad de personas capturadas en flagrancia. Además, se señala que inobservó los protocolos legales establecidos para la investigación y enjuiciamiento de los aprehendidos, lo que constituye una grave vulneración al debido proceso.
El ente acusador concluye que estas acciones permitieron que el servidor de policía judicial Gerson José Piñeres Porto callara parcialmente la verdad, contribuyendo así a un encubrimiento sistemático de los hechos. Este caso resalta los desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico y la importancia de la transparencia en las operaciones de las fuerzas armadas.
