El Decreto 0415 de 2026, que dispone el traslado acelerado de 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones por parte de más de 120 mil personas que aprovecharon la 'ventana pensional', enfrenta dos demandas ante el Consejo de Estado. La decisión del gobierno de Gustavo Petro tomó por sorpresa a distintos sectores, pues llevaba cerca de dos meses en preparación. En la práctica, el decreto permitiría trasladar en tiempos muy cortos —20 días para la mitad de los recursos y 10 días más para el restante— los ahorros y rendimientos acumulados en las AFP hacia las arcas públicas.
Críticas al decreto
El punto más crítico, según expertos y órganos de control, es que el decreto iría en contravía de la reforma pensional aprobada en 2024. Esa ley estableció que dichos recursos debían ser administrados por un fondo autónomo a cargo del Banco de la República, no directamente por el Ejecutivo. Además, se ha advertido el riesgo de que estos dineros terminen siendo utilizados como una fuente adicional de gasto en plena campaña electoral, en detrimento del ahorro pensional de los ciudadanos.
La controversia también gira en torno al alcance del artículo 76 de la reforma, que creó la denominada 'ventana pensional'. Esta permitió, durante dos años, que personas con al menos 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 (hombres), y a menos de diez años de pensionarse, pudieran trasladarse de régimen sin necesidad de acudir a la justicia. Según lo expuesto, unas 120 mil personas ya hicieron uso de esa opción.
Las demandas
Este lunes se conoció que el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar admitió para el estudio la demanda presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez contra el decreto del gobierno Petro que ordena el traslado de $ 25 billones de las AFP a Colpensiones. Otra de las demandas fue presentada por el abogado Carlos Mario Salgado Morales, de la firma Spl Salgado & Salgado Abogados. El proceso quedó en manos del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, de la Sección Segunda (Subsección A).
“Nosotros demandamos ese decreto porque es ilegal e inconstitucional, porque está montado sobre el artículo 76 de la reforma pensional (…) pero al mirar uno de los parágrafos del artículo 76 dice que esos recursos serán trasladados a Colpensiones pero para aquellas personas que cumplieron con los requisitos de pensión”, afirmó Salgado en diálogo con EL TIEMPO. El abogado sostuvo que el Gobierno está mezclando dos situaciones distintas: el traslado de afiliados entre regímenes y el traslado efectivo de recursos. “Si bien esas personas se trasladaron, eso no quiere decir que por haberse trasladado hay que trasladarles los recursos, porque esos recursos solo se trasladan si esas personas (…) cumplieron ya con los requisitos de pensión”, explicó.
“Están combinando peras con manzanas (…) son dos cosas diferentes que el Gobierno pretende mezclar para poder sacar adelante ese decreto que es ilegal e inconstitucional”, agregó. La demanda también advierte que, si el Gobierno consideraba necesario habilitar ese tipo de traslados, debía tramitar una reforma ante el Congreso y no hacerlo mediante un decreto. “Se desdibujan los límites entre la potestad reglamentaria y la función legislativa”, dice.
Otra demanda fue presentada por Juan Esteban Aguirre Espinosa contra el Ministerio del Trabajo. El caso fue asignado al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, también en la Sección Segunda. Por ahora, queda en manos del alto tribunal decidir si admite las demandas y si decreta medidas cautelares que suspendan el decreto. Mientras tanto, el Gobierno podría acceder a estos recursos extraordinarios. Si no se produce una suspensión en el corto plazo, el Ejecutivo tendría margen para disponer de los 25 billones de pesos en medio de cuestionamientos por el manejo del gasto público y a pocas semanas de las elecciones.
