Gobernador de Antioquia presenta demanda para anular suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas criminales
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpuso este lunes 6 de abril una acción de nulidad con solicitud de medida cautelar ante el Consejo de Estado contra la Resolución 00027 del 27 de marzo de 2026, emitida por la Fiscalía General de la Nación. Esta resolución suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas históricos de grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá, quienes actualmente fungen como voceros de la mesa de paz urbana de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Argumentos centrales de la demanda
En su intervención ante los medios, Rendón manifestó: "Es como si nos hubieran querido poner a rezar, porque una situación como esta solo la salva Dios". El mandatario departamental argumenta que la medida fiscal otorga "una patente de movilidad a 23 criminales de los más peligrosos" en zonas que constituyen el 70% del potencial electoral de Antioquia, específicamente el Valle de Aburrá y Rionegro.
La demanda sostiene que la resolución vulnera principios constitucionales fundamentales:
- Interferencia en decisiones judiciales al suspender órdenes de captura sin control judicial efectivo
- Ruptura del principio de separación de poderes
- Desnaturalización de la función jurisdiccional
- Desconocimiento de la Ley 2272 de 2022 que regula acercamientos con estructuras criminales
Preocupaciones sobre seguridad y proceso electoral
Rendón expresó abiertamente su preocupación por lo que considera una "clara pretensión electoral" detrás de la medida. "No queremos que ocurra lo que infortunadamente ha tomado lugar en otras latitudes del país, donde hay presencia de actores ilegales y constriñen a la gente", afirmó el gobernador, sugiriendo que esto podría inclinar la balanza electoral en favor del partido de gobierno.
El documento legal al que tuvo acceso EL TIEMPO detalla que la resolución:
- No cumple con requisitos estrictos para suspender órdenes de captura
- Carece de verificación individual de cada beneficiario
- No demuestra necesidad caso por caso
- No presenta análisis de proporcionalidad
Críticas a la Fiscalía General
El mandatario antioqueño criticó severamente la actuación de la fiscal general, Luz Adriana Camargo: "Aquí lo que está en juego es un acuerdo tácito entre el Gobierno y la fiscal, de querer parecer duros, sobre todo ante el Gobierno estadounidense". Rendón comparó la peligrosidad de algunos beneficiarios con figuras notorias del narcotráfico, mencionando específicamente a alias 'Tom' y alias 'El Montañero'.
La demanda también advierte sobre afectaciones a los derechos de las víctimas, señalando que la suspensión de capturas puede derivar en:
- Escenarios de impunidad
- Incumplimiento de obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar delitos graves
- Vulneración del acceso a la justicia
- Debilitamiento del sistema penal
Contexto de la mesa de paz urbana
Los 23 cabecillas beneficiados participan en procesos de paz urbana que se adelantan en la región desde hace más de tres años entre convictos y el Estado, con el objetivo de desescalar la violencia en las comunas del Valle de Aburrá. La Fiscalía ha aclarado que la resolución no implica la liberación de estos individuos, sino ciertas facilidades para desplazarse a lugares específicos del Valle de Aburrá y Bogotá en el marco de los diálogos con el Ejecutivo nacional.
Sin embargo, Rendón insiste en que "en la práctica, la medida de la Fiscalía produce ese mismo efecto al permitir la salida o circulación de condenados". El gobernador finalizó su intervención expresando esperanza en que "en una democracia como la que todavía hoy sostenemos, donde hay separación de poderes, ojalá el Consejo de Estado pueda reversar esta situación".
La demanda fue radicada ante el magistrado del Consejo de Estado Carlos Fernando Mantilla Navarro, quien deberá decidir sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la resolución mientras se tramita el proceso de nulidad.
