Fallo judicial anula contrato de peajes en Cartagena y ordena investigaciones
Tras más de cinco años de litigio, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena emitió una sentencia histórica que declara la nulidad del modelo de peajes asociado al corredor logístico de la ciudad. La decisión, adoptada bajo la ponencia del juez Enrique Antonio Del Vecchio Domínguez, determina que el contrato de concesión firmado en 2019 vulneró principios fundamentales de la administración pública y afectó derechos colectivos.
Irregularidades en el proceso contractual
El análisis judicial se centró en revisar cómo fue estructurado el contrato que permitió la instalación de peajes dentro del corredor de carga durante la administración del entonces alcalde Pedrito Pereira. Según el fallo, el proceso se apartó de los principios de transparencia y planeación, generando cuestionamientos sobre el compromiso de recursos públicos y las condiciones de recaudo.
El documento advierte que la estructura contractual presentó inconsistencias que afectaron los intereses de la ciudad, al establecer un esquema que no garantizaba adecuadamente la protección del patrimonio público ni los derechos ciudadanos. Esta evaluación llevó al tribunal a concluir que el convenio no cumplía con los estándares legales de contratación estatal.
Prohibición total de actividades de peaje
Uno de los puntos más contundentes de la sentencia es la orden de detener cualquier actividad relacionada con el esquema de peajes del corredor de carga. El juzgado dispuso que tanto el Distrito como la empresa concesionaria KMA Construcciones y KMA Concesiones deben cesar cualquier intento de instalar estaciones de recaudo o continuar con la ejecución del contrato.
La decisión judicial establece específicamente que:
- No se podrán realizar cobros de peajes
- Queda prohibida la implementación de nuevas estructuras de recaudo
- Se suspende toda ejecución del contrato cuestionado
Investigaciones a funcionarios y participación ciudadana
Además de declarar la nulidad del esquema, el juzgado ordenó remitir el expediente y las pruebas recopiladas a los organismos de control para que se adelanten investigaciones sobre la actuación de los funcionarios que participaron en la adjudicación y firma del contrato en 2019. Esta medida busca establecer posibles responsabilidades disciplinarias o fiscales dentro del proceso.
El juez también subrayó la importancia de que los proyectos de infraestructura en la ciudad incluyan mecanismos reales de participación ciudadana, señalando que la falta de espacios de deliberación pública contribuyó a que el proyecto generara conflictos con distintos sectores sociales y económicos de Cartagena.
Comité de vigilancia para garantizar cumplimiento
Para asegurar que la decisión judicial se cumpla efectivamente, el tribunal ordenó la conformación de un Comité de Vigilancia encargado de supervisar la ejecución de la sentencia. Este organismo estará integrado por:
- El juez del proceso
- Representantes del Ministerio Público
- Las partes involucradas en el litigio
- Organizaciones ciudadanas participantes
Entre los actores vinculados al seguimiento se encuentran la Asociación de Transportadores de Carga de Bolívar y diversas veedurías ciudadanas que durante años cuestionaron el impacto del esquema de peajes sobre la movilidad y la actividad logística en la ciudad.
Contexto y antecedentes del desmonte
La sentencia llega en un contexto en el que Cartagena ya había comenzado a desmontar parte de las estructuras de peaje que operaban dentro del corredor de carga. En febrero de 2025, el alcalde Dumek Turbay anunció el retiro definitivo de los últimos peajes internos que permanecían en funcionamiento, tras el desmonte de estaciones ubicadas en Ceballos y Manga.
Estas decisiones se sumaron al retiro de otros puntos de recaudo instalados en el corredor logístico, incluyendo los de Mamonal y Corralito, ubicados en la variante Mamonal–Gambote y en la vía hacia Barú. La administración distrital justificó estas acciones señalando el riesgo que representaban algunas estructuras para los conductores y las constantes críticas por su impacto en la movilidad y los costos del transporte de carga.
Desafíos futuros para la infraestructura vial
Aunque el fallo judicial representa un triunfo para quienes cuestionaban el esquema de peajes, el debate sobre el modelo de financiación de la infraestructura vial en Cartagena sigue completamente abierto. El reto principal para las autoridades será definir cómo se financiarán las obras necesarias para mejorar el corredor de carga, una infraestructura clave para la actividad portuaria y logística de la ciudad.
Cartagena, como uno de los principales nodos comerciales del país, requiere urgentemente el desarrollo de su red vial para mantener la competitividad regional en el transporte de mercancías. Con la anulación del contrato de concesión, la administración distrital deberá evaluar nuevas alternativas para modernizar el corredor logístico, procurando que cualquier iniciativa futura se construya bajo criterios estrictos de transparencia, participación ciudadana y protección del patrimonio público.
