Juzgado ordena arresto contra director de Agencia Nacional de Tierras por desacato judicial
En un fallo que ha generado revuelo en el ámbito judicial y político, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá ha ordenado el arresto por cinco días contra Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por incumplir una orden judicial relacionada con una acción de tutela presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Multa económica y responsabilidad compartida
La decisión judicial no solo contempla la medida de arresto contra el funcionario, sino que también impone una sanción económica de aproximadamente ocho millones de pesos tanto para Harman como para Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la ANT. Esta determinación se fundamenta en el incumplimiento de lo dispuesto previamente en una tutela fallada en diciembre de 2025.
El caso del predio "Peñasgordas" en Dagua
Según los documentos judiciales, la controversia gira en torno a la presunta compra irregular del predio denominado "Peñasgordas", ubicado en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. El equipo jurídico de Paloma Valencia sostiene que este terreno estaría ocupado desde hace más de dos décadas por comunidades campesinas, lo que, según su argumentación, imposibilitaría legalmente su adquisición por parte de la entidad estatal.
La senadora Valencia había interpuesto un derecho de petición solicitando información sobre la realidad jurídica de esta compra, pero, según el fallo judicial, la ANT no respondió adecuadamente a los cuestionamientos planteados, lo que constituye el fundamento del desacato.
Respuesta institucional de la ANT
Frente a la orden de arresto, la Agencia Nacional de Tierras emitió un comunicado oficial en el que asegura que la sanción no ha sido confirmada en segunda instancia y que, por otro lado, la entidad ya había dado respuesta al derecho de petición presentado por Valencia.
"La entidad no oculta información. Durante el trámite de la solicitud se presentaron demoras asociadas al proceso de recopilación y verificación de la información técnica y jurídica necesaria para emitir una respuesta completa y responsable, teniendo en cuenta la complejidad de los procesos relacionados con adquisición y adjudicación de predios", explicó la ANT en su pronunciamiento.
Negación de prácticas irregulares
En el mismo comunicado, la entidad rechazó enfáticamente las afirmaciones sobre supuestas prácticas sistemáticas de cobro de comisiones en la compra de predios, señalando que bajo la dirección de Felipe Harman se han implementado medidas para identificar, denunciar y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad que eventualmente pueda presentarse.
Marco legal del arresto
La sanción de arresto contra funcionarios públicos está prevista en la normatividad colombiana cuando existe renuencia a cumplir una orden de tutela y posterior desacato invocado por el demandante. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y el respeto a los derechos fundamentales protegidos mediante la acción de tutela.
El caso continúa su curso procesal, pendiente de posibles recursos y de la confirmación en segunda instancia de las medidas ordenadas por el juzgado laboral de Bogotá.
