Gobierno salvadoreño busca endurecer penas para adolescentes en casos graves
El ejecutivo del presidente Nayib Bukele presentó este jueves una iniciativa legislativa que busca modificar la legislación penal para imponer cadena perpetua a menores de edad que hayan cometido delitos de asesinato o violación, independientemente de su pertenencia a grupos pandilleriles.
Ampliación de reformas constitucionales recientes
Esta propuesta representa una extensión significativa de la reforma constitucional aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, la cual ya establecía prisión de por vida para "homicidas, violadores y terroristas" adultos. La nueva iniciativa busca aplicar el mismo rigor punitivo a adolescentes que cometan estos crímenes.
"Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad" que cometan esos delitos, declaró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante la presentación formal ante una comisión legislativa.
Justificación gubernamental de la medida
El ministro Villatoro fundamentó la necesidad de esta reforma argumentando que la actual ley penal juvenil ha funcionado históricamente como un mecanismo que garantiza "recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales".
Esta iniciativa se enmarca dentro de una serie de medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Bukele, que incluyen:
- Reforma constitucional para cadena perpetua a adultos por crímenes graves
- Modificación legal en febrero de 2025 para enviar menores vinculados a pandillas a cárceles de adultos
- Separación de menores en prisiones adultas hasta cumplir 18 años
Contexto político y legislativo
La propuesta será sometida a aprobación del Congreso salvadoreño, donde el oficialismo mantiene una mayoría significativa que facilita la aprobación de iniciativas gubernamentales. El gobierno no ha proporcionado información actualizada sobre la implementación de la medida aprobada en febrero respecto al traslado de menores a cárceles de adultos.
Esta reforma representa el último capítulo en la política de mano dura contra la criminalidad impulsada por la administración de Bukele, que ha generado tanto apoyo popular como críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
