Gobierno salvadoreño busca endurecer penas para menores en delitos graves
El presidente Nayib Bukele ha presentado una controvertida reforma legislativa que permitiría imponer cadena perpetua a menores de edad que cometan delitos como homicidio o violación, ampliando así su política de mano dura contra el crimen organizado en El Salvador.
Ampliación de la reforma constitucional
Esta iniciativa extiende el alcance de una reciente reforma constitucional que ya contemplaba prisión de por vida para "homicidas, violadores y terroristas", ahora incluyendo específicamente a adolescentes que incurran en crímenes graves. La propuesta ha sido presentada formalmente ante la Asamblea Legislativa para su discusión y eventual ratificación.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó detalladamente la medida ante una comisión legislativa, argumentando que "estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua, aun en el caso de menores de edad". Según su perspectiva, quienes se involucran voluntariamente en organizaciones criminales o cometen delitos atroces merecen un tratamiento diferenciado.
Argumentos oficiales y críticas
Desde el oficialismo, la diputada Suecy Callejas defendió la propuesta afirmando que "no hay vuelta atrás" con los pandilleros y que no existe posibilidad real de reinserción o rehabilitación para estos casos. El ministro de Defensa, Francis Merino, complementó esta postura señalando que parte de la violencia en el país se ha relacionado con lo que calificó como "permisividad" de las leyes actuales.
Sin embargo, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado seria preocupación. Estas entidades advierten que tales medidas podrían vulnerar estándares internacionales de protección a niños y adolescentes, especialmente considerando que un informe de 2024 documentó la detención de más de 3.000 menores durante el régimen de excepción vigente en el país.
Contexto de seguridad nacional
Esta propuesta se enmarca dentro de la ofensiva gubernamental contra las pandillas que ha caracterizado la administración de Bukele, a la cual se atribuye una reducción significativa en las tasas de homicidio y la desarticulación de grupos como los Mara Salvatrucha y Barrio 18.
No obstante, la estrategia de seguridad también ha enfrentado cuestionamientos por parte de defensores de derechos humanos, quienes denuncian detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales previas. Actualmente, la legislación salvadoreña no contempla la cadena perpetua, estableciendo como pena máxima los 60 años de prisión.
La norma específica que incluiría a menores en estas sanciones extremas será discutida en los próximos días en el Congreso, mientras el presidente Bukele ha insistido públicamente que su gobierno no ha violado derechos humanos durante la implementación de estas políticas de seguridad.
