Impacto judicial de las capturas en el escándalo de la UNGRD
Las recientes capturas de los congresistas Wadith Manzur del Partido Conservador y Karen Manrique de la Curul de Paz han generado repercusiones significativas en los procesos judiciales contra los exministros del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La Corte Suprema de Justicia ha establecido una línea dura que ahora se extiende hacia los altos funcionarios del gobierno anterior.
La decisión de febrero que marcó el rumbo
A principios de febrero, la Sala de Casación de la Corte Suprema tomó una decisión crucial dentro de la investigación por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, se negó la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva contra Andrés Calle, el expresidente liberal de la Cámara, señalado de recibir sobornos de la UNGRD para favorecer iniciativas gubernamentales en el Congreso.
La Sala encontró mérito para acusar a Calle y a Iván Name, entonces cabeza del Senado, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros. A pesar de los argumentos de la defensa sobre la renuncia de Calle al Congreso y al partido Liberal, la Corte mantuvo que la restricción de libertad tenía naturaleza preventiva y era proporcional por la gravedad de los comportamientos.
Misma línea para congresistas y exministros
"Ese es el mismo argumento que se está usando en el caso de Wadith Manzur y de Karen Manrique dentro de lo que se ha considerado una línea dura que está aplicando el alto tribunal en este caso", explicó a EL TIEMPO el abogado de uno de los congresistas implicados. El profesional jurídico agregó que es evidente que esa misma línea le sea aplicable al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
Ambos exfuncionarios recibieron medida de aseguramiento intramural por solicitud de la Fiscalía, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá. Los mismos criterios judiciales que justificaron las capturas de los legisladores ahora sustentan las restricciones contra los antiguos miembros del gabinete petrista.
Las pruebas conversacionales que lo cambian todo
En el caso específico de Ricardo Bonilla, los chats entre su asesora María Alejandra Benavides y varios congresistas y asesores constituyen las pruebas fundamentales que lo mantienen tras las rejas. Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaron una serie de conversaciones que, según su versión, demuestran cómo se abordaron temas de aprobación de empréstitos y apoyos a la agenda del presidente Petro a cambio de convenios con la UNGRD.
Entre las comunicaciones reveladas destaca un intercambio entre Jaime Ramírez Cobo, asesor de la presidencia de la República, y Sneyder Pinilla:
- Ramírez Cobo: "Necesitamos de tu ayuda"
- Pinilla: "Sobre qué tema, doctor?"
- Ramírez Cobo: "A Carolina le envié un cuadro"
- Pinilla: "Dr, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar"
- Ramírez Cobo: "Pero es con el ministro de Hacienda"
- Ramírez Cobo: "Ya le digo al ministro Bonilla. Es vital este tema"
Este diálogo forma parte de al menos 10 conversaciones vía WhatsApp que impulsaron a la Fiscalía a investigar a seis congresistas por la comisión de crédito público. El 15 de diciembre de 2023, un contacto identificado como 'Ministro Bonilla' envió a Sneyder Pinilla el contacto de María Alejandra Benavides, quien se ha convertido en testigo estrella de la Fiscalía.
La defensa y las justificaciones presidenciales
El presidente Gustavo Petro incluso se refirió al caso a través de un trino donde afirmó que su ministro Bonilla había sido engañado. "Todo ministro de hacienda ha sido chantajeado y extorsionado, desde el congreso. El congresista también cree que es normal, que es obvio pues así se ha hecho siempre la política, dicen", señaló el mandatario el 4 de diciembre de 2024.
Mientras la defensa de Bonilla insiste en que los encuentros en el Ministerio de Hacienda con los congresistas procesados obedecían a la dinámica normal de relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, para la Fiscalía y la Corte se configuró una transacción para canjear votos por proyectos. Aunque los convenios mencionados en los chats no llegaron a ejecutarse, esto se debió principalmente a que estalló el escándalo de los carrotanques de la UNGRD.
La investigación periodística de EL TIEMPO reveló que los carrotanques fueron comprados a Impoamericana Roger SAS, una distribuidora de elementos de ferretería y carne de animales muertos, que los vendió casi al doble de su precio real.
Cambios en la estrategia defensiva
En cuanto a Luis Fernando Velasco, su defensa mantiene que Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaron información falsa a las autoridades para obtener beneficios judiciales. Mientras tanto, la representación legal de Ricardo Bonilla ha transitado desde la oficina de Mauricio Pava hasta la del penalista Alejandro Carranza, quien ha estado a cargo de procesos del hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, y del propio mandatario.
La interconexión entre estos casos judiciales demuestra cómo las decisiones de la Corte Suprema están estableciendo precedentes significativos en el tratamiento de la corrupción a alto nivel. La línea dura aplicada inicialmente a los legisladores ahora se extiende sin distinciones hacia antiguos miembros del gabinete, marcando un punto de inflexión en la lucha contra los delitos de cuello blanco en Colombia.
