Conflicto por cementerio San Miguel de Santa Marta llega a fase decisiva
El conflicto por la administración del cementerio San Miguel de Santa Marta ha entrado en una fase crítica que definirá el futuro de este camposanto. En aproximadamente quince días, un juez penal deberá resolver si el control del lugar retorna oficialmente a la Diócesis de Santa Marta o si permanece en manos del sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades en la gestión.
Inspección fiscal reactiva el pulso legal
La reciente diligencia liderada por la Fiscalía General de la Nación, con acompañamiento de peritos especializados y autoridades locales, marcó un punto de inflexión en esta prolongada disputa. Esta inspección judicial tuvo como objetivo principal verificar las condiciones físicas, administrativas y documentales del cementerio, además de establecer con claridad quién tiene la titularidad real del predio.
El abogado de la diócesis, Diego Fernando Duque Zuluaga, manifestó que el proceso busca específicamente cancelar un registro que consideran irregular y ordenar la entrega provisional del lugar a la Iglesia Católica. "Existen fundamentos jurídicos sólidos para que el cementerio retorne a la administración diocesana", afirmó el letrado durante declaraciones a la prensa.
Sin embargo, la defensa del sacerdote ofreció una interpretación diferente sobre el alcance de la diligencia. El representante legal señaló que se trató principalmente de "una inspección ocular a las instalaciones de la capilla, para que el perito tome posesión del cargo y establezca las dimensiones reales del cementerio". Añadió que este procedimiento fue técnico y preliminar dentro del proceso judicial más amplio.
Recursos económicos sin claridad y archivos en disputa
Uno de los ejes centrales de la controversia gira alrededor del manejo de los recursos económicos del cementerio. Según la diócesis, no existen reportes claros ni transparentes sobre los ingresos generados por servicios funerarios, ofrendas religiosas, inhumaciones y exhumaciones realizadas en el camposanto.
"La información financiera está incompleta y parte de los documentos contables siguen retenidos", explicó el abogado de la diócesis, quien indicó que actualmente se intenta reconstruir la contabilidad de varios años de operación. Esta situación se ha complicado aún más con denuncias presentadas por familias afectadas que aseguran haber sido víctimas de presuntas exhumaciones no autorizadas y reventas ilegales de bóvedas funerarias.
Muchas de estas quejas llegan actualmente a la Iglesia Católica, pese a que la institución religiosa no tiene acceso directo a los registros oficiales del cementerio, lo que limita su capacidad de respuesta ante las preocupaciones de la comunidad.
Ceremonias religiosas y permanencia cuestionada
Durante la misma inspección judicial realizada por la Fiscalía, las autoridades coincidieron con un sepelio y una ceremonia religiosa encabezada personalmente por el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub. Este hecho resulta particularmente significativo porque, según la diócesis, el religioso no cuenta con autorización canónica para oficiar actos litúrgicos en el cementerio.
Para los representantes de la Iglesia Católica, este tipo de actuaciones reflejan una negativa reiterada a acatar decisiones tanto institucionales como judiciales. En contraste, la defensa del sacerdote argumenta que el caso aún tiene procesos pendientes de resolución, especialmente dentro de la jurisdicción civil, y que su permanencia en el lugar cuenta con respaldo de un sector significativo de la comunidad local.
Actualmente, el sacerdote continúa residiendo en las instalaciones del cementerio y prestando servicios funerarios regularmente, manteniendo una presencia constante que ha generado divisiones entre los feligreses y habitantes de Santa Marta.
Posible salida forzada y expectativa comunitaria
Si el fallo judicial definitivo favorece a la diócesis, la entrega del cementerio deberá realizarse de manera voluntaria o, de ser necesario, con acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia, conforme a los procedimientos legales establecidos para este tipo de situaciones. Esta posibilidad ha generado expectativa y cierta tensión entre los diferentes actores involucrados en el conflicto.
Mientras esperan la decisión judicial, en Santa Marta el cementerio San Miguel sigue siendo escenario de una disputa compleja que involucra a la Iglesia Católica, el sistema de justicia penal y a decenas de familias que aguardan respuestas claras sobre el destino final de sus seres queridos enterrados en el lugar.
En los próximos quince días, el juzgado competente definirá si el control del camposanto cambia de manos definitivamente o si el sacerdote continúa al frente de una administración que actualmente se encuentra bajo exhaustivo escrutinio de las autoridades judiciales y eclesiásticas.
