Jueza de Neiva viola Constitución al censurar investigación periodística sobre magistrado
La jueza primera penal del circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, ha cometido una grave violación a la Constitución colombiana al convertirse en censora de una investigación periodística del medio independiente CasaMacondo. En una decisión de segunda instancia plagada de incoherencias y desconocimiento de derechos fundamentales, la magistrada ordenó eliminar declaraciones del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez sobre un caso de filiación no reconocida.
Un precedente nefasto para el periodismo colombiano
Como consecuencia de esta orden judicial, el medio CasaMacondo se vio obligado a borrar por completo su investigación, estableciendo un precedente extremadamente peligroso para el ejercicio del periodismo en Colombia. Esta situación exige una revisión inmediata por parte del alto tribunal constitucional, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura debería evaluar el funcionamiento de la magistratura en Neiva.
El caso involucra al magistrado Ibáñez en un proceso donde fue declarado padre extramatrimonial de Jorge Enrique Salas Robles. La investigación periodística reveló cómo el servidor público habría presionado a la madre para llegar a un acuerdo que evitara que el joven llevara su apellido. Cuando se inició el proceso para exigir derechos, el expediente desapareció misteriosamente en 2021, reapareciendo solo gracias a la presión ejercida por el medio independiente.
Declaraciones polémicas y censura injustificada
En medio de este escándalo, el magistrado Ibáñez concedió declaraciones a un periodista de CasaMacondo donde afirmó haber sido drogado y abusado sexualmente por la madre de su primogénito. Esta revelación llevó a una publicación donde se contrastaba la lucha del juez por los derechos de filiación desde la Corte Constitucional con su actitud en este caso personal.
Precisamente esta publicación es la que la jueza Manrique Calderón ha censurado, argumentando que el "juicio de reproche debe trasladarse hacia el medio de comunicación" por publicar información entregada en un "espacio de confianza". La magistrada sostiene que la investigación "somete al escarnio público dichos asuntos", afectando los derechos de la madre y el hijo.
Problemas fundamentales en la decisión judicial
Esta decisión presenta dos graves problemas de fondo:
- Jorge Enrique Salas Robles y Yolanda Inés Robles celebraron la publicación de la información, por lo que resulta inexplicable que la jueza pretenda "protegerlos" con una medida que ellos mismos no solicitaron.
- Como explicó CasaMacondo, "la jueza Catalina María Manrique Calderón ignora que la confidencialidad no es retroactiva. Un funcionario no puede entregar declaraciones y, al verse comprometido por sus palabras, decretar que la conversación fue privada".
Exigir que el periodista proteja al poderoso de sus propios exabruptos bajo el concepto de 'confianza' equivale a solicitar complicidad en lugar de fiscalización, señaló el medio afectado por la censura.
Un abuso de poder que requiere acción inmediata
La jueza Manrique Calderón ha cometido un acto de censura y una violación descarada de la Constitución colombiana. Es urgente que la Corte Constitucional revise esta decisión de segunda instancia y reitere el amplio precedente jurisprudencial sobre el derecho a la libertad de prensa.
Los jueces no pueden decidir qué información puede o no publicar un periodista, y mucho menos dar cátedra sobre protección de derechos cuando buscan favorecer a un miembro de la Rama Judicial. Esta situación representa un abuso de poder y una traición a lo que los colombianos esperan legítimamente de sus servidores públicos.
El caso evidencia cómo ciertos sectores del poder judicial intentan proteger a sus miembros mediante mecanismos de censura, vulnerando derechos fundamentales consagrados en la Constitución y poniendo en riesgo la labor fiscalizadora del periodismo independiente en Colombia.
