Exmagistrado condenado por convertir sentencias en negocio privado durante más de una década
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió un histórico fallo condenatorio contra el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, por los delitos de prevaricato por omisión y cohecho propio en concurso homogéneo. La sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, reveló cómo un funcionario judicial transformó su despacho en un lucrativo negocio de decisiones a la medida durante más de doce años.
Una sociedad criminal desde la intimidad
Detrás de cada soborno y acuerdo ilícito se encontraba Kelly Andrea Eslava Montes, abogada y pareja sentimental de Vargas Bautista durante el período investigado. La Corte Suprema determinó que su relación "trascendía lo emocional para adentrarse en aspectos operativos relacionados con el trámite ilegal de los procesos judiciales", funcionando como una auténtica sociedad criminal donde el magistrado tomaba decisiones y la abogada actuaba como intermediaria ante quienes buscaban comprar fallos favorables.
Para evadir el rastreo de las autoridades, la pareja utilizaba "celulares brujos", líneas telefónicas alternas de un solo uso, aunque las investigaciones lograron reconstruir completamente el entramado corrupto mediante interceptaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y testimonios clave.
El caso Macromed: comisiones del 25% por sentencias
El primer expediente condenatorio involucró a la empresa Macromed, dedicada a la comercialización de medicamentos, que mantenía una demanda contra el Hospital Militar Central. El proceso llegó al despacho de Vargas Bautista, quien, pese al evidente conflicto de interés -su pareja representaba legalmente a la parte demandante-, decidió asumir el caso.
Según el fallo, el exmagistrado aceptó, a través de Eslava Montes, una promesa de pago equivalente al 25% de la condena pecuniaria que eventualmente se reconociera a los demandantes. Chats, testimonios y un contrato de honorarios respaldaron esta conclusión, llevando a la condena por prevaricato por omisión y cohecho propio.
El caso Protag: Mercedes-Benz y apartamento como pago
El segundo expediente condenatorio corresponde a la empresa Protección Agrícola S.A.S. (Protag), que enfrentaba un litigio ante la Superintendencia de Sociedades. La Corte reconstruyó cómo, hacia agosto o septiembre de 2015, Vargas Bautista pidió a su pareja que atendiera al abogado representante de Protag para "orientarlo" sobre el litigio.
El acuerdo fue claro: a cambio de una sentencia favorable, el exmagistrado recibiría un vehículo Mercedes-Benz Cabriolet 200 y un apartamento en Mosquera, Cundinamarca. Ambos bienes fueron transferidos el mismo día en que se emitió la sentencia de primera instancia favorable a Protag, el 20 de junio de 2018, sellando la evidencia del cohecho.
Absolución en un caso y principios jurídicos reafirmados
La Corte absolvió al exmagistrado en el caso conocido como Icein, al determinar que la Fiscalía General no expuso correctamente los hechos en su acusación. Sin embargo, el fallo estableció un principio trascendental: aceptar beneficios a cambio de decisiones judiciales o mantenerse en procesos con conflicto de interés atenta contra la moralidad pública y la imparcialidad judicial.
La Sala señaló que la conducta de Vargas Bautista "menoscabó el bien jurídico de la administración pública, distorsionando los derroteros que rigen la función judicial" mediante el pacto de prebendas para asegurar resultados específicos en procesos a su cargo.
Condena sin detención inmediata
Pese a la gravedad de los delitos, la Corte Suprema no ordenó la detención inmediata del exmagistrado, considerando sus 70 años, su comparecencia a todas las citaciones judiciales y la ausencia de elementos que acrediten riesgo de fuga. La pena definitiva, incluida la posible privación de libertad, se conocerá en la sentencia formal que aún debe proferirse.
Así concluye uno de los casos más emblemáticos de corrupción judicial en Colombia, donde un exmagistrado traicionó la confianza pública durante más de una década, transformando la justicia en un negocio privado que incluía desde comisiones millonarias hasta propiedades de lujo como pago por sus decisiones.
