La justicia colombiana condena a expresidente de la Corte Suprema por corrupción
Cuando la sal se corrompe, la putrefacción moral alcanza niveles impensables, como ocurrió en las altas esferas judiciales colombianas. Hace dieciséis años, mientras la sociedad admiraba a la Corte Suprema de Justicia por su lucha contra la parapolítica, un pacto criminal se cocinaba en sus propias oficinas.
El origen del 'Cartel de la toga'
En 2009, una comisión de magistrados auxiliares investigaba las transacciones delictivas entre políticos y paramilitares del Clan Castaño. Sin embargo, sus superiores -magistrados de la Corte Suprema- aprovecharon esta circunstancia para enriquecerse ilícitamente. En lugar de apoyar las investigaciones, se aliaron para extorsionar a los imputados, cobrando sumas millonarias a cambio de demorar procesos u obstruir sentencias.
Este escándalo, conocido posteriormente como el 'Cartel de la toga', reveló cómo la corrupción había penetrado la cúspide del poder judicial colombiano.
Condena tardía pero significativa
Recientemente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema anunció la condena a diez años de prisión para José Leonidas Bustos, quien fuera dos veces presidente de la Sala Penal (2012 y 2013) y una vez presidente del alto tribunal (2015).
Bustos fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, que consiste en pedir y recibir dinero por actos contrarios a sus deberes como magistrado.
Esta sentencia llega más de una década después de que Bustos delinquiera en concertación con otros exmagistrados:
- Francisco Ricaurte: expresidente de la Corte, condenado a 16 años y 5 meses
- Gustavo Malo: exmagistrado, condenado a 9 años y 8 meses
- Camilo Tarquino: exmagistrado, condenado a 6 años de prisión
Los tres mencionados ya purgan sus penas en reclusión, mientras que Bustos se encuentra fugado del país con orden internacional de captura vigente.
Obstrucción a la investigación de la parapolítica
La conducta de Bustos fue particularmente grave durante las investigaciones sobre parapolítica. El exmagistrado obligó al magistrado auxiliar Iván Velásquez, coordinador de la comisión investigadora, a suspender entrevistas con paramilitares que delataban a sus cómplices en el Ejecutivo y Congreso.
Posteriormente, Bustos forzó a Velásquez a abandonar las investigaciones y finalmente a renunciar a su cargo mediante falsas acusaciones. Esta maniobra tenía un objetivo claro: impedir que Velásquez encontrara evidencias condenatorias contra quienes pagaban coimas a Bustos y sus socios.
La mentalidad corrupta expuesta
Las grabaciones del abogado Luis Gustavo Moreno, condenado por actuar como intermediario del cartel, revelan la mentalidad que permeaba este círculo corrupto. Moreno declaró: 'me metí en esta vaina [de corrupción] para hacer carrera. Pa'l día de mañana mirar [si me dan] un cargo como la Defensoría, como la Procuraduría'.
Esta afirmación, por vergonzosa que parezca, refleja una realidad preocupante sobre las ambiciones desmedidas dentro de ciertos sectores judiciales.
Impunidad persistente
Aunque el sistema judicial alcanzó a estos corruptos y a algunos abogados litigantes que actuaban como su brazo operativo, la espada de la justicia no ha apuntado aún hacia otros togados, fiscales y penalistas integrantes del 'Cartel de la toga'. Estos permanecen impunes, aunque su huella sigue presente en los expedientes judiciales.
La condena de Bustos representa un paso importante, pero incompleto, en la lucha contra la corrupción judicial. La sociedad colombiana espera que todas las personas involucradas en este escándalo rindan cuentas ante la ley, restaurando así la confianza en las instituciones judiciales del país.
