Dos magistrados tendrán la última palabra sobre el destino de seis políticos investigados
La situación judicial de seis ex y actuales congresistas vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó en manos de dos conjueces de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Sala de Instrucción no lograra un acuerdo sobre las medidas de aseguramiento.
Los conjueces designados para desempatar
Los magistrados Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca serán los responsables de tomar la decisión final sobre la propuesta del magistrado Misael Rodríguez, quien solicitó el envío a prisión de los investigados. Rodríguez argumenta que, debido a su influencia política regional y nacional, los acusados podrían interferir en el proceso judicial si la acusación prospera.
Los políticos involucrados en esta investigación son:
- Wadith Manzur (Partido Conservador)
- Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)
- Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
- Karen Astrid Manrique (curules de paz)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
- Juan Diego Muñoz, excongresista (Alianza Verde)
Una decisión con implicaciones electorales
La votación de los conjueces está programada para el miércoles de la próxima semana, pero ocurrirá después de las elecciones del domingo 8 de marzo. Dos de los investigados, Wadith Manzur y Karen Manrique, buscan la reelección en estos comicios.
Si los conjueces aprueban la tesis del magistrado ponente y ordenan la detención, esta medida se aplicaría posteriormente a las elecciones. En caso de que alguno de los candidatos resulte elegido y luego se decrete su prisión, la curul quedaría automáticamente vacía, generando un vacío político en sus respectivas circunscripciones.
La acusación: tráfico de influencias legislativas
Según la investigación del magistrado Rodríguez, los procesados habrían participado en un esquema de intercambio de favores donde apoyaban iniciativas del Gobierno en el Congreso a cambio de beneficios para sus regiones. La hipótesis señala que este respaldo legislativo se aseguraba mediante la asignación de cupos indicativos y contratos relacionados con proyectos financiados por la UNGRD.
Varios de los investigados formaban parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, un escenario clave en la discusión de estas iniciativas gubernamentales, lo que según la acusación facilitó el mecanismo de corrupción.
Perfiles de los conjueces designados
Alfredo Rey Córdoba es abogado con doctorados en Derecho y Ciencias Políticas. Su trayectoria incluye:
- Juez penal de plena competencia y juez penal del circuito
- Viceministro de Comunicaciones
- Presidente de la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
- Embajador alterno ante las Naciones Unidas en Nueva York
- Conjuez de la Sala de Casación Penal y actualmente de la Sala de Instrucción
- Profesor en la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana de Cali
Javier Fernando Fonseca es abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Su experiencia abarca:
- Litigante, asesor y consultor en derecho penal y constitucional
- Decano de facultades de Derecho en cuatro universidades colombianas
- Docente en programas de posgrado como la maestría en Psicología Jurídica
- Autor de publicaciones sobre historia del derecho penal colombiano y jurisprudencia penal
La decisión de estos dos expertos jurídicos marcará un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en altas esferas del poder legislativo colombiano, especialmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en demandas ciudadanas prioritarias.
