Conjueces de la Corte Suprema asumen decisión clave sobre congresistas implicados en caso Ungrd
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha designado a los magistrados Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado como conjueces, quienes tendrán la responsabilidad de definir la situación jurídica de cinco congresistas en ejercicio y un excongresista, todos señalados de participar activamente en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Empate judicial pospone decisión crucial
Esta designación se produce tras un empate en la ponencia discutida por la alta corte, la cual inicialmente pedía llamarlos a juicio y decretar su prisión preventiva. Debido a esta falta de consenso, la decisión final ha sido aplazada y está programada para el próximo miércoles 11 de marzo, cuando los conjueces emitirán su fallo definitivo.
Los implicados en el entramado corrupto
Los congresistas involucrados en este grave caso de corrupción son:
- Wadith Manzur y Liliana Esther Bitar, ambos del Partido Conservador.
- Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, pertenecientes al Partido Liberal.
- Karen Astrith Manrique, quien ocupa una curul de paz.
- El excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
Estas figuras políticas están acusadas de haber participado en un complejo entramado de irregularidades dentro de la Ungrd, una entidad creada para gestionar emergencias y desastres, pero que se ha visto envuelta en graves acusaciones de malversación de fondos y corrupción.
Contexto del caso y próximos pasos
El caso Ungrd ha generado una amplia preocupación pública debido a la magnitud de los presuntos delitos y la implicación de altos funcionarios y representantes del Congreso. La designación de conjueces es un procedimiento excepcional que busca resolver situaciones de empate en las salas de la Corte Suprema, garantizando así una decisión justa y equilibrada.
La resolución que se espera para el 11 de marzo será determinante, ya que podría ordenar el inicio de un juicio formal y la medida de aseguramiento de prisión preventiva para los acusados, marcando un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en Colombia.
