Consejo de Estado asume competencia en demanda de pérdida de investidura contra presidente Petro
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, ha determinado que es competente para tramitar una demanda de pérdida de investidura presentada contra el presidente Gustavo Petro. Esta decisión se produce después de un extenso y complejo debate jurídico sobre la viabilidad de analizar este tipo de demandas, considerando el fuero especial que protege al mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Origen y contexto de la demanda
La demanda fue presentada inicialmente en noviembre de 2022, apenas unas semanas después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia de la República. Sin embargo, el expediente, que se abrió formalmente en febrero de 2023, permaneció inactivo durante casi dos años, generando incertidumbre sobre su procedencia y alcance legal.
El caso se centra en las presuntas inasistencias injustificadas de Petro a sesiones plenarias del Senado durante el año 2018, cuando ejercía como senador. Según los registros, el entonces legislador habría faltado a al menos cinco sesiones sin presentar justificaciones adecuadas para sus ausencias, lo que motivó la acción legal en su contra.
Implicaciones jurídicas y políticas
Aunque una eventual decisión del Consejo de Estado no tendría un efecto real inmediato sobre la posición actual de Petro, quien ya no ocupa su curul en la cámara alta, el proceso es de gran relevancia por varias razones:
- Establecimiento de jurisprudencia: El caso podría sentar un precedente crucial sobre la competencia de los tribunales para conocer demandas de pérdida de investidura cuando el demandado ha cambiado de cargo y cuenta con fuero especial.
- Debate sobre el fuero presidencial: La resolución aborda cuestiones fundamentales respecto a los límites y alcances de la protección legal que disfrutan los altos funcionarios del Estado.
- Transparencia y rendición de cuentas: El proceso refuerza la importancia de que todos los servidores públicos, independientemente de su posición, respondan por sus acciones pasadas en cargos electivos.
La reactivación de este expediente por parte del Consejo de Estado marca un hito en la interpretación de las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos en Colombia, abriendo un capítulo significativo en el control disciplinario y administrativo del Estado.
