Corte Constitucional avala con ajustes ley de rendición de cuentas para congresistas
Corte avala ley de rendición de cuentas para congresistas

Corte Constitucional avala con ajustes ley que obliga a congresistas a rendir cuentas

La Corte Constitucional de Colombia ha dado su aval al proyecto de ley que busca promover la transparencia entre el Congreso y los ciudadanos, aunque con importantes ajustes. El alto tribunal declaró inconstitucionales algunos apartes específicos de los artículos 4, 8 y 9 de la normativa, argumentando que no cumplían con el marco legal establecido en el país.

Detalles de la decisión constitucional

El Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado regula mecanismos de rendición de cuentas de los congresistas y promueve "una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso y la ciudadanía". La Corte concluyó que, en términos generales, esta iniciativa fortalece significativamente la transparencia en el ámbito legislativo, pero identificó excesos puntuales en su redacción que requerían corrección.

Al analizar el principio de unidad de materia, que establece que una ley debe tratar un solo tema central, la Corte encontró que la expresión "el artículo 57 de la Ley 1757 de 2015", contenida en el artículo 9, no guardaba conexidad temática con el núcleo principal de la ley. Por esta razón, ese aparte específico fue declarado inconstitucional y excluido del texto final.

Impacto en la transparencia legislativa

Con esta salvedad, el proyecto fue completamente avalado por la Corte Constitucional, marcando un hito en los esfuerzos por aumentar la rendición de cuentas en el poder legislativo colombiano. La decisión judicial refuerza los mecanismos que permitirán a los ciudadanos conocer mejor las actividades y decisiones de sus representantes en el Congreso.

La normativa aprobada establece procedimientos claros para que los congresistas informen regularmente sobre su gestión, gastos y decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones. Esto representa un avance sustancial en la lucha contra la opacidad y fortalece los canales de comunicación entre los legisladores y la sociedad civil.

Expertos en derecho constitucional han destacado que esta decisión equilibra adecuadamente el derecho a la información de los ciudadanos con las garantías procesales de los congresistas, creando un marco jurídico robusto para la rendición de cuentas en el ámbito parlamentario.