Ponencia judicial amplía investigación contra congresistas vinculados al caso UNGRD
En un desarrollo significativo del escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, la ponencia del magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no solo busca acusar y enviar a prisión a cinco congresistas investigados por el saqueo a la UNGRD, sino que también compulsaría copias contra dos de estos procesados por hechos diferentes y contra un tercero mencionado en la investigación.
Los congresistas señalados en la nueva compulsa de copias
Los dos congresistas ya investigados que enfrentarían esta nueva medida serían Wadith Manzur y Karen Manrique. Paradójicamente, ambos resultaron electos en los comicios del pasado 8 de marzo: Manzur para el Senado por el Partido Conservador y Manrique repitiendo la curul de paz en la circunscripción de Arauca.
El documento de 1.000 páginas fue debatido la semana pasada en la Sala de Instrucción sin llegar a consenso, lo que motivó la designación de dos conjueces para destrabar la discusión. El magistrado ponente habría introducido modificaciones a su proyecto de acusación, cuyo estudio se retomará este miércoles 11 de agosto con los votos de los abogados Alfredo Rey y Javier Fonseca.
El entramado criminal detallado en el expediente
El expediente judicial detalla con pruebas y testimonios el complejo entramado criminal mediante el cual se habría garantizado el voto favorable de congresistas de las comisiones económicas a proyectos del Gobierno, utilizando contratos y cupos indicativos pagados con recursos de la UNGRD.
Por su presunta participación en esta red clientelar, Manzur, Manrique y los congresistas Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), fueron imputados por el delito de cohecho impropio.
El papel del exministro y otros funcionarios
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, actualmente preso e imputado por su participación en lo que se considera el escándalo de corrupción más grande del gobierno Petro, fue señalado como la persona que "sembró" el plan criminal para corromper a miembros de las comisiones económicas.
La actuación delictiva de Velasco y otros ex altos funcionarios como Carlos Ramón González estaría encaminada a la "aprobación" de cupos a cargo de las comisiones económicas —a las que pertenecían los congresistas investigados—, ofreciéndoles a cambio el direccionamiento de contratos de proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.
Pruebas que sustentan la participación parlamentaria
La participación de los parlamentarios estaría soportada en pruebas que demuestran reuniones y constantes enlaces que habrían mantenido con asesores y funcionarios del Ministerio de Hacienda y la UNGRD, como María Alejandra Benavides y Carolina Joya, quienes habrían servido de puente para el direccionamiento de proyectos.
La compulsa de copias estaría relacionada con hechos diferentes que se desprenden de esta transacción ilegal que transaron delegados del gobierno para aprobar proyectos como el de endeudamiento.
Nuevos criterios jurídicos en discusión
En la nueva ronda de discusión se pondrán sobre la mesa otros criterios jurídicos presentados por los congresistas, incluyendo:
- La solicitud de devolver el proceso a reparto por supuestos vicios de procedimiento en la asignación
- El argumento de que no existen motivos suficientes para enviarlos a prisión
- Consideraciones sobre la naturaleza de las pruebas presentadas
- Aspectos procesales relacionados con la competencia de la Corte
Este desarrollo judicial marca un punto crucial en la investigación del caso UNGRD, que continúa revelando nuevas dimensiones de lo que las autoridades describen como una extensa red de corrupción que habría desviado recursos públicos destinados a proyectos de desarrollo regional.
