La Corte Constitucional se abstiene de pronunciarse sobre el polémico 'decretazo' de Petro
Por unanimidad, los nueve magistrados de la Corte Constitucional decidieron la semana pasada no abordar el estudio de fondo del denominado 'decretazo' con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendió convocar una consulta popular a mediados del año pasado. Esta decisión judicial, que mantuvo en vilo a diversos sectores políticos y jurídicos, se fundamentó en la figura de sustracción de materia, dado que el decreto en cuestión ya había sido derogado y la consulta nunca se materializó.
Argumentos jurídicos para la inhibición
El alto tribunal, acudiendo a su propia jurisprudencia, consideró que no existían circunstancias excepcionales que justificaran un pronunciamiento de mérito con efectos retroactivos. Los magistrados señalaron que, al haberse caído la consulta y derogado el polémico decreto –que el registrador nacional se negó a ejecutar en su momento–, el asunto carecía de efectos tanto en el ámbito jurídico como material. "Cuando ello ocurre, la regla es que no procede el ejercicio de control de constitucionalidad", afirmaron los nueve integrantes de la Corte, dos de los cuales aclararon su voto pero respaldaron la decisión mayoritaria.
Esta postura judicial dejó sin respuesta una expectativa crucial: establecer jurisprudencia sobre los límites del Ejecutivo frente a decisiones legítimas de otras ramas del poder, específicamente el Congreso, que había negado la iniciativa de consulta popular en uso de sus competencias constitucionales.
El contexto político y las expectativas frustradas
El 'decretazo', ideado por el entonces ministro Eduardo Montealegre, buscaba sortear la negativa del Senado para convocar la consulta, un movimiento sin precedentes que generó intenso debate sobre el respeto a los mecanismos institucionales. La Corte no consideró excepcional que el gobierno intentara "saltarse olímpicamente" lo dispuesto por la Constitución y la ley, ni el posterior esfuerzo del Ejecutivo para que el Consejo de Estado no pudiera estudiar el decreto mediante demanda.
Este episodio se conecta con otras controversias recientes, como la emergencia económica declarada en diciembre –aprovechando el receso judicial– y suspendida por la Corte en enero, que ya había generado ingresos millonarios en impuestos. Ambas situaciones reflejan una tendencia a operar en los límites de la legalidad, según analistas.
El desenlace pendiente en el Consejo de Estado
Aunque las razones de la Corte para inhibirse son jurídicamente válidas, el partido sobre el 'decretazo' no ha terminado. La batalla se traslada ahora al Consejo de Estado, donde se espera una decisión de fondo que podría establecer precedentes sobre los alcances del poder ejecutivo en materia de consultas populares. Allí, la justicia administrativa tendrá la última palabra sobre este episodio que puso a prueba el equilibrio de poderes en Colombia.
La decisión de la Corte, aunque técnicamente impecable, deja un vacío interpretativo que mantiene viva la discusión sobre hasta dónde puede llegar un gobierno para impulsar sus agendas, incluso cuando las otras ramas del poder público han dicho no.
