Corte Constitucional analiza petición gubernamental sobre emergencia económica
El presidente de la República radicó una solicitud formal ante el despacho del magistrado Carlos Camargo, ponente del expediente, para que la Corte Constitucional levante la suspensión de la emergencia económica. Esta medida permitiría habilitar impuestos y generar recaudo destinado específicamente a atender la emergencia provocada por el devastador frente frío que afecta varias regiones del país.
Argumentos del Gobierno frente a la crisis climática
El Ejecutivo justificó su petición señalando que "la crisis climática global se manifiesta hoy a través de eventos abruptos, extremos e impredecibles". En su argumentación, el Gobierno sostiene que lo que enfrenta Colombia en este momento "supera cualquier escenario razonable de anticipación", destacando que no se podía prever ni la magnitud, ni la simultaneidad, ni el impacto humano que hoy se constata en las zonas afectadas.
Posición de la Corte y análisis jurídico
Sin embargo, fuentes internas de la Corte Constitucional han señalado que "la emergencia económica no se decretó por lo que está lloviendo hoy, sino por los supuestos hechos sobrevinientes de diciembre". Estos hechos son precisamente los que estudiará de fondo la Sala Plena en el fallo definitivo que está próximo a salir, según confirmaron juristas consultados.
La emergencia económica original fue proferida en diciembre pasado, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Este decreto le otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir impuestos con fuerza de ley sin requerir la aprobación del legislativo. Para frenar los efectos de estos impuestos, que prima facie serían producto de una extralimitación, la Corte implementó la suspensión provisional.
Dificultades prácticas y alternativas jurídicas
Una de las fuentes consultadas explicó que "levantar esta medida, aunque jurídicamente puede sustentarse en una supuesta violación al debido proceso, en la práctica, con un fallo tan próximo es difícil". Agregó que en menos de un mes la Corte tomará una decisión de fondo y se pronunciará específicamente sobre los hechos que, en diciembre, motivaron la declaratoria del estado de excepción.
Los constitucionalistas consideran más viable una alternativa diferente: decretar una nueva emergencia económica justificada exclusivamente en la ola invernal, con un presupuesto ajustado a la magnitud real de la crisis actual. El exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero explicó a este medio que "la situación actual podría dar lugar a una nueva emergencia basada en hechos sobrevinientes".
Guerrero detalló que "la Corte tendría que evaluar si desborda las facultades ordinarias, pero no levantar la anterior, que tenía un espectro más amplio". Reveló además un dato crucial: de los 11 billones de pesos que se aspiraban recaudar con la emergencia original, solo 500.000 millones estaban dirigidos a la atención de la ola invernal, por lo que no estaba justificada principalmente en la atención de esta emergencia climática específica.
Consecuencias de la suspensión vigente
Actualmente, el Gobierno tiene prohibido expedir nuevos tributos bajo la sombrilla de esa emergencia económica suspendida. Los impuestos que fueron proferidos antes de la decisión judicial quedaron congelados, creando un limbo jurídico que complica la respuesta inmediata a la crisis del frente frío.
Mientras tanto, el frente frío continúa afectando a miles de colombianos, con daños en infraestructura, pérdidas agrícolas y necesidades humanitarias urgentes que requieren recursos inmediatos. Los expertos climáticos coinciden en que este fenómeno es "inesperado e imposible de prever", y demanda recursos que no estaban contemplados en el presupuesto nacional ordinario.
La decisión final de la Corte Constitucional marcará un precedente importante sobre cómo el Estado colombiano puede responder jurídicamente a emergencias climáticas imprevistas dentro del marco constitucional vigente.
