Corte Suprema ratifica orden de captura contra exdirector del Dapre vinculado a megaescándalo de corrupción
En una decisión judicial de gran trascendencia, la Corte Suprema de Justicia confirmó definitivamente la orden de captura en contra de Carlos Ramón González Merchán, quien fungió como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente se encuentra prófugo de la justicia colombiana, refugiado bajo asilo político en Nicaragua.
El cerebro del saqueo a la gestión del riesgo
El alto tribunal rechazó de manera contundente un recurso interpuesto por la defensa del exfuncionario, quien está señalado como el principal arquitecto intelectual del desfalco multimillonario a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso representa el mayor escándalo de corrupción detectado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, con desvíos de recursos destinados originalmente a la atención de emergencias y prevención de desastres en todo el territorio nacional.
"El auto mediante el cual la Sala Penal del Tribunal de Bogotá confirmó la imposición de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González Merchán no presenta irregularidades, ni tampoco se encuentra desconectado de la normativa legal, el desarrollo procesal, los elementos probatorios y los argumentos presentados por las partes involucradas", manifestó la Corte Suprema en su fallo definitivo.
Medidas internacionales de búsqueda
La confirmación judicial consolida las acciones internacionales en contra del prófugo, quien enfrenta una circular roja de Interpol que facilita su localización y eventual extradición desde cualquier país miembro de la organización policial mundial. Las autoridades colombianas mantienen activos todos los mecanismos de cooperación judicial para lograr su captura y posterior juzgamiento en el país.
La investigación ha establecido que González Merchán habría coordinado una compleja red de desvío de fondos públicos durante su gestión en el Dapre, organismo que tradicionalmente ha manejado recursos considerables para la administración presidencial y proyectos de inversión social. Los montos involucrados en el escándalo de la UNGRD superan los cien mil millones de pesos, según estimaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación.
Implicaciones políticas y judiciales
Este fallo de la Corte Suprema representa un hito significativo en la lucha contra la corrupción de alto nivel en Colombia, demostrando que incluso funcionarios de primer nivel no están por encima de la ley. La decisión judicial envía un mensaje contundente sobre la independencia del poder judicial y su compromiso con la rendición de cuentas en casos de grave afectación al erario público.
Las investigaciones continúan avanzando para determinar la participación de otros actores en este esquema de corrupción que comprometió recursos vitales para la gestión del riesgo de desastres en un país altamente vulnerable a fenómenos naturales. La Procuraduría General y la Contraloría General han iniciado procesos disciplinarios y fiscales paralelos que podrían derivar en sanciones adicionales para los responsables.
Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia internacional sobre los movimientos de Carlos Ramón González, cuya captura se ha convertido en una prioridad para el sistema judicial colombiano y un símbolo de la determinación estatal para combatir la corrupción en las más altas esferas del poder.
