Corte Suprema se alista para definir llamado a juicio contra congresistas implicados en caso UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se prepara para analizar una nueva ponencia del magistrado Misael Rodríguez que busca el llamado a juicio de cinco congresistas en ejercicio y un excongresista, todos vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal tomará esta crucial decisión el próximo miércoles 4 de marzo de 2026.
Los investigados y el contexto del caso
Los parlamentarios bajo la lupa de la justicia son:
- Juan Pablo Gallo
- Julián Peinado
- Liliana Bitar
- Wadith Manzur
- Karen Manrique
Además, se encuentra el excongresista Juan Diego Muñoz. De estos seis implicados, solamente dos se encuentran participando en la actual contienda electoral, lo que añade un componente político adicional al proceso judicial.
Es importante recordar que a mediados de 2025, el magistrado Rodríguez sometió a votación entre sus colegas una propuesta similar que buscaba enviar a estos parlamentarios a prisión, argumentando que existían pruebas suficientes para considerarlos un peligro para la sociedad. Sin embargo, aquella iniciativa no prosperó, permitiendo que los acusados continuaran su defensa en libertad.
Nuevas pruebas recopiladas por la Corte
Durante los últimos meses, la Corte Suprema ha venido recaudando un nuevo acervo probatorio que podría cambiar el curso del proceso. Entre las evidencias más significativas se encuentran:
- Interceptaciones telefónicas a las líneas de los investigados, consideradas clave para solicitar nuevamente una medida de aseguramiento.
- Testimonios cruciales como el de Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones, quien actualmente se encuentra en prisión por el caso UNGRD. Ortiz declaró que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, durante un consejo de ministros emitió una directriz para "adoptar" a un congresista y direccionar su voto a favor del Gobierno Nacional.
- El testimonio de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, quien denunció el supuesto manejo irregular del presupuesto del Ministerio de Hacienda cuando era dirigido por Ricardo Bonilla (también encarcelado por estos hechos). Reyes explicó ante la Corte que "los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas".
La prueba estrella del caso
Sin embargo, la evidencia considerada más contundente es el contenido del celular de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla. Benavides ha negociado una inmunidad total con la Fiscalía para delatar todo el plan criminal en el que presuntamente se negoció de manera ilegal el voto legislativo.
Hasta la fecha, los únicos dos excongresistas que se encuentran privados de su libertad por el entramado de la UNGRD son los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. La decisión que tome la Corte Suprema este miércoles podría ampliar significativamente esta lista, marcando un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
