Corte Suprema evaluará tutela que busca libertad de Sandra Ortiz en caso de corrupción de la UNGRD
La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia dispuso avocar conocimiento sobre la tutela presentada por Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, quien busca recobrar su libertad tras estar privada de ella desde diciembre de 2024 por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Argumentos de la defensa y situación procesal
En su recurso, Ortiz insiste en que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa, argumentando que se encuentra privada de la libertad injustamente. La defensa entuteló a la Sala Laboral de la Corte Suprema, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, y los juzgados 26 y 79 penales municipales con funciones de control de garantías de Bogotá, alegando que no revisaron adecuadamente el recurso de habeas corpus radicado.
Cabe destacar que la exfuncionaria está cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024, pero ha asegurado que hasta la fecha no se ha iniciado el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Contexto del caso y nuevos desarrollos
Esta nueva información surge días después de que la Corte Suprema confirmara la providencia mediante la cual se negaba por "improcedente el amparo de habeas corpus" al que había recurrido la defensa de Ortiz. Según la Fiscalía General, entre septiembre y octubre de 2023, Ortiz jugó un papel clave en el entramado de corrupción que desvió millonarios contratos y recursos de la UNGRD.
El objetivo era favorecer a un grupo de congresistas a cambio de sus votos en la discusión de propuestas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Según las investigaciones, en la antesala a un consejo de ministros, Ortiz recibió instrucciones de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y de Olmedo López, director de la UNGRD, para desviar recursos hacia los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Detalles de las acusaciones y testimonios
Posteriormente, la exconsejera habría organizado un desayuno en su residencia temporal para fijar el monto que se entregaría a dichos congresistas y la forma de entrega. Además, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y también implicado en el escándalo, Ortiz habría prestado sus camionetas blindadas para transportar el dinero desde el centro de Bogotá hasta el edificio donde vivía el senador Iván Name en el nororiente de la ciudad.
La defensa de Ortiz continúa insistiendo en la vulneración de sus derechos procesales, mientras la Corte Suprema asume la evaluación de la tutela que podría definir su situación jurídica en este complejo caso de corrupción que ha conmocionado al país.
