Corte Suprema evaluará tutela para liberar a exconsejera Sandra Ortiz
La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto avocar conocimiento de la acción de tutela presentada por Sandra Liliana Ortiz Nova, la exconsejera presidencial para las regiones que se encuentra privada de libertad desde diciembre de 2024 por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Vulneración de derechos fundamentales
La exfuncionaria insiste en que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa durante el desarrollo del proceso penal que enfrenta. A través de su defensa legal, Ortiz Nova entuteló a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y los juzgados 26 y 79 penales municipales con funciones de control de garantías de Bogotá.
La base de su reclamo radica en que estas instancias judiciales no revisaron el recurso de habeas corpus que radicó, argumentando que se encuentra privada injustamente de su libertad. Cabe destacar que el pasado 30 de enero, la Corte Suprema confirmó la providencia mediante la cual se negó por "improcedente el amparo de habeas corpus" presentado por su defensa.
Detención prolongada sin juicio
Sandra Ortiz se encuentra cobijada con medida de aseguramiento privativa de libertad desde el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, hasta la fecha no ha comenzado el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público que se le imputan.
Según la Fiscalía General de la Nación, entre septiembre y octubre de 2023, la entonces consejera regional de la Presidencia fue una pieza clave en el entramado de corrupción que desvió millonarios contratos y recursos de la UNGRD para favorecer a un grupo de congresistas.
Los hechos investigados
La acusación señala que en una reunión informal en la Casa de Nariño, previa a un consejo de ministros, Sandra Ortiz recibió instrucciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y del director de la UNGRD, Olmedo López, para mover recursos destinados a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
El objetivo habría sido que, en su calidad de presidentes del Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, agilizaran el debate y aprobación de proyectos de interés para el Gobierno Nacional.
Posteriormente, la consejera organizó un desayuno en su residencia temporal para fijar el monto del dinero y la forma de entrega. Testigos de la Fiscalía, incluido el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, declararon que Ortiz prestó sus camionetas blindadas para transportar el dinero desde Residencias Tequendama hasta el edificio donde vivía el senador Iván Name.
Falta de avance procesal
La exfuncionaria ha manifestado que, pese a ofrecer información novedosa sobre estos hechos de corrupción, la Fiscalía General -por orden de Luz Adriana Camargo- le cerró las puertas a una eventual negociación para obtener un preacuerdo. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la celeridad y transparencia del proceso judicial en su contra.
El caso de Sandra Ortiz se enmarca en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, que ha involucrado a altos funcionarios del gobierno y miembros del Congreso, desviando recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres en el país.
