Corte Suprema investiga a senador Alirio Barrera por presunto acto sexual violento
Corte Suprema investiga a senador por presunto acto sexual violento

Corte Suprema de Justicia inicia investigación formal contra senador Alirio Barrera

La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación formal contra el senador Alirio Barrera por el delito de acto sexual violento, tras una denuncia que revive un presunto episodio ocurrido hace casi diez años, cuando el hoy congresista ejercía como gobernador del departamento de Casanare.

Una denuncia silenciada durante una década

El caso, que permaneció oculto durante diez años, salió a la luz pública luego de que la denunciante decidiera finalmente acudir a las autoridades judiciales. Según su testimonio, el temor persistente y las profundas secuelas emocionales del hecho la llevaron a mantener silencio durante todo este tiempo.

La denuncia fue radicada el pasado 6 de marzo y, de acuerdo con información revelada por la revista Cambio, la mujer —identificada con el nombre ficticio de Sandra— decidió hacer público su testimonio bajo estricta reserva de identidad para proteger su privacidad y seguridad personal.

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El relato detallado de los hechos presuntamente ocurridos

Según el relato de la denunciante, en el año 2016 trabajaba en la Gobernación de Casanare y participaba activamente en actividades de una iglesia que organizaba campamentos juveniles para la comunidad. En ese contexto específico, solicitó una cita formal con el entonces gobernador Alirio Barrera para gestionar ayudas institucionales que beneficiaran dichas actividades.

"Mis compañeros me pidieron que gestionara con el gobernador alguna ayuda para nuestras actividades. Por esa razón específica solicité una cita formal y me la concedieron", explicó Sandra en su declaración oficial ante las autoridades.

La reunión se habría desarrollado entre las 2:00 y 3:00 de la tarde en el despacho oficial del entonces mandatario departamental. Allí, según su versión detallada de los hechos, ocurrió el presunto abuso sexual que ahora investiga la Corte Suprema de Justicia.

"Él no dijo absolutamente nada y me agarró de la mano con mucha fuerza, de manera violenta. Me acercó bruscamente hacia su cuerpo y me besó completamente a la fuerza. Yo no podía gritar ni defenderme en ese momento", relató con evidente angustia la denunciante.

Las consecuencias inmediatas y el silencio prolongado

Sandra afirmó que, tras reclamarle firmemente al entonces gobernador, Barrera se alejó físicamente y le pidió de manera fría que explicara el motivo original de su visita oficial. Posteriormente, según su testimonio detallado, le entregó la cantidad de 400.000 pesos en efectivo para las actividades de la iglesia que representaba.

"Salí de esa oficina completamente pálida, temblando de manera incontrolable. Lo primero que pensé con desesperación fue: 'esto no lo puede saber absolutamente nadie bajo ninguna circunstancia'", aseguró la mujer en su declaración judicial.

La denunciante explicó de manera exhaustiva que el miedo intenso a perder su empleo público, a posibles represalias políticas y a la reacción negativa de su entorno social y familiar la llevaron a guardar un silencio absoluto durante todos estos años.

La decisión final de denunciar tras diez años

La denunciante sostuvo con firmeza que esperó pacientemente a que Barrera perdiera poder político significativo antes de acudir finalmente a la justicia colombiana, algo que —según sus propias palabras— no ocurrió en la realidad concreta.

"Pensé ingenuamente que cuando terminara su periodo gubernamental podría denunciar los hechos sin tanto miedo paralizante. Pero en estos diez años completos lo que ha hecho el señor Barrera es escalar políticamente de manera constante. Yo simplemente no podía seguir callada por más tiempo", afirmó con determinación.

Finalmente, en el mes de febrero del presente año, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía Regional del Casanare, proceso judicial que posteriormente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia por tratarse específicamente de un congresista en ejercicio.

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Sandra reconoció honestamente que no cuenta con grabaciones audiovisuales del momento exacto del presunto hecho, debido a que —según indicó detalladamente— a todos los visitantes les retiraban sistemáticamente sus teléfonos celulares antes de ingresar al despacho oficial del gobernador.

"Existen mi testimonio personal detallado y los videos de las cámaras de seguridad o los testimonios directos de quienes trabajaron permanentemente en esa oficina", manifestó con claridad, al tiempo que aseguró categóricamente que fue la única ocasión en que ingresó físicamente a esa oficina gubernamental.

Las secuelas emocionales profundas y duraderas

La denunciante describió además con crudeza las secuelas emocionales que arrastra hasta el día de hoy: "Cada vez que un hombre se me acerca físicamente entro inmediatamente en estado de alerta máxima y siento un miedo intenso e incontrolable. Yo nunca he recibido atención psicológica especializada para superar este trauma".

La posición oficial del senador Alirio Barrera

El equipo legal del senador Alirio Barrera confirmó oficialmente que fue notificado formalmente del proceso judicial el pasado 26 de marzo y rechazó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas como una supuesta persecución política organizada en el departamento de Casanare.

"Lo más probable es que se trate de una persecución política de campaña electoral. Nos mantenemos completamente tranquilos porque sabemos con certeza que esto es simplemente para hacer bulla mediática", indicaron los representantes legales, atribuyendo directamente los señalamientos a Jorge Enrique Ortiz, conocido popularmente como 'Segurito' en la región.

Asimismo, el equipo jurídico del congresista enfatizó repetidamente que el proceso se encuentra actualmente en etapa investigativa inicial bajo la antigua Ley 600 y que no existe ninguna decisión judicial de fondo al respecto.

"No existe actualmente ninguna acusación formal ni definición concreta de responsabilidad penal. Una simple denuncia por sí sola no constituye prueba jurídica válida y, a la fecha concreta, no existe evidencia objetiva conocida que corrobore los hechos denunciados", señalaron con firmeza los abogados defensores.