Corte Suprema protege derecho de congresistas a emitir opiniones críticas
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación disciplinaria contra seis congresistas que firmaron una carta en la que cuestionaron el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Las parlamentarias involucradas son Catherine Juvinao Clavijo, Julia Miranda Londoño, Lina María Garrido Martín, Marelen Castillo Torres, Carolina Giraldo Botero y Luvi Katherine Miranda Peña.
La querella del ministro y la respuesta judicial
El ministro del Interior había presentado una querella por injuria y calumnia después de que las congresistas enviaran al presidente Gustavo Petro una misiva titulada "Mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como Ministro del Interior". En el documento, las parlamentarias calificaron a Benedetti de "misógino" y "maltratador", señalándolo como responsable de presuntos episodios de violencia de género.
Benedetti argumentó que estos señalamientos transgredían los límites del respeto a "la dignidad humana, la integridad moral, el buen nombre e incluso la presunción de inocencia". El ministro destacó especialmente un aparte de la carta donde se leía: "resulta inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias de género sea ahora la encargada de interlocutar, como enlace directo con el Gobierno, con las mujeres que hacen parte de la corporación y que luchan todos los días contra la violencia machista".
Fundamento de la decisión de la Corte
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema determinó que los congresistas no pueden ser investigados ni sancionados por los votos u opiniones emitidos en ejercicio de su cargo. Esta garantía, según ha precisado la Corte Constitucional, busca proteger la función representativa y el debate democrático.
El alto tribunal explicó que en materia de control político, este abarca toda actividad del Congreso y de sus integrantes encaminada a cuestionar o investigar actuaciones de los demás poderes públicos. La Corte señaló específicamente:
"Es posible admitir que, frente a los señalamientos puntuales contenidos en la carta dirigida al presidente, las suscriptoras se limitaron a poner de presente la existencia de acusaciones contra el designado ministro, incluso con alusión expresa a su presunción de inocencia, ampliamente difundidas por medios de comunicación y comunicadas en canales oficiales de la Cancillería. Ello descarta el ánimo injurioso, pues tales referencias fueron utilizadas para cuestionar su idoneidad como interlocutor, dada su eventual condición de ministro del Interior, en el marco de su labor como congresistas".
En conclusión, la Corte consideró que se trató de la emisión de una "opinión crítica" frente a una decisión administrativa atribuida exclusivamente al primer mandatario de la Nación.
Testimonio remitido a la Procuraduría
Paralelamente, la Corte Suprema remitió a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo el testimonio de la congresista Catherine Juvinao, quien relató que fue víctima de violencia sexista por parte del ministro Benedetti.
Juvinao declaró que el ministro constantemente la menospreciaba con "insultos relacionados con su condición de mujer" y planteó que le gustaría que este proceso se orientara más bien como una investigación contra Benedetti. La congresista enumeró a la Sala algunas publicaciones realizadas por el ministro en las cuales le dirigió calificativos que considera misóginos.
Contexto legal y precedentes
Esta decisión se enmarca en la protección constitucional que tienen los congresistas para ejercer el control político sin temor a represalias. La Corte ha establecido precedentes importantes sobre los límites de esta protección:
- La inmunidad parlamentaria protege las opiniones emitidas en ejercicio del cargo
- El control político puede cuestionar actuaciones de todos los poderes públicos
- Los señalamientos deben estar relacionados con el interés general
- La crítica política está protegida en un sistema democrático
El caso ha generado un amplio debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los congresistas y la protección del honor de los funcionarios públicos. La decisión de la Corte Suprema establece un precedente significativo sobre cómo deben interpretarse estos derechos en conflicto dentro del sistema político colombiano.
