La realidad oculta de la Fiscalía en Cartagena: Un sistema al borde del colapso
Después de diez años ejerciendo como abogado penalista y al menos cinco de ellos trabajando directamente en los despachos de la Fiscalía en Cartagena, he sido testigo de una realidad que pocos se atreven a mencionar públicamente: dentro de la institución hay personas extraordinariamente comprometidas. Funcionarios dedicados, con experiencia profesional sólida y una genuina intención de avanzar en los casos, atender adecuadamente a las víctimas, escuchar a los usuarios y garantizar con seriedad los derechos de defensa de quienes son puestos a su disposición.
El talento humano no es el problema
He tenido el privilegio de conocer fiscales e investigadores excepcionales: profesionales que no se limitan a cumplir con sus obligaciones básicas, sino que se involucran profundamente en cada caso. Personas que preguntan con detenimiento, que leen exhaustivamente los expedientes, que vuelven constantemente sobre los hechos y que intentan comprender con minuciosidad y profundidad los asuntos que se les confían. El verdadero desafío, por lo tanto, no radica en la calidad humana, ni en la voluntad de trabajo, ni en el talento individual. La dificultad fundamental es de carácter estructural.
La sobrecarga insostenible de casos
Esta carencia de estructura adecuada ha transformado la labor del fiscal en una verdadera epopeya burocrática: una batalla diaria contra el volumen desmesurado de casos y la escasez crónica de recursos. No se trata de falta de disposición, sino de una imposibilidad material para avanzar al ritmo que exige la administración de justicia. Los números hablan por sí solos y resultan elocuentes en su crudeza.
Dependiendo de la unidad especializada, un fiscal puede tener bajo su responsabilidad entre 700 y 3.000 procesos simultáneamente. En delitos sexuales o en casos de administración pública, la carga laboral suele oscilar entre 700 y 1.500 expedientes. En las unidades de competencia general —donde se conocen todo tipo de delitos— y en especialidades como hurtos o estafas, esta cifra puede escalar dramáticamente hasta alcanzar los 3.000 casos por fiscal.
El aislamiento operativo de los fiscales
A esta sobrecarga cuantitativa se suma una realidad menos visible pero igualmente preocupante: muchos fiscales trabajan prácticamente en solitario. Sin asistentes administrativos, sin fiscales de apoyo, sin equipos jurídicos que permitan avanzar las investigaciones mientras se atienden audiencias, usuarios, acciones de tutela y derechos de petición. Esta situación genera un cuello de botella operativo que paraliza el flujo normal de los procesos.
La crisis en la cadena investigativa
Pero la problemática se vuelve aún más compleja cuando analizamos la cadena de mando investigativa. El fiscal dirige técnicamente la investigación, sí, pero lo hace a través de la policía judicial. Emite órdenes concretas y específicas que el investigador debe ejecutar en campo. Es precisamente el investigador quien recauda los elementos probatorios que permiten esclarecer si existió delito, identificar responsables, sostener una imputación formal o, cuando corresponde, cerrar el caso con rigor metodológico.
Sin embargo, también en este nivel el diseño institucional muestra graves fisuras. Cada investigador suele estar asignado a múltiples fiscales simultáneamente, recibiendo numerosas órdenes —muchas de ellas catalogadas como urgentes— que debe ejecutar en paralelo y bajo plazos perentorios. El resultado es predecible: el fiscal no cuenta con un investigador fijo asignado a sus casos; debe coordinarse constantemente con varios investigadores, quienes a su vez están saturados con directrices provenientes de numerosos instructores diferentes. La mejor voluntad se estrella, una vez más, contra las limitaciones logísticas y operativas.
Las consecuencias para todos los actores del sistema
Esta situación crítica afecta de manera transversal a todos los involucrados en el proceso penal: a la institución fiscal, que pierde credibilidad y legitimidad social; a las víctimas, que sienten que la justicia nunca llega o tarda demasiado; a los investigados, que permanecen bajo la sombra prolongada de un proceso sin definición clara; y a los litigantes, que intentamos mover expedientes dentro de un engranaje judicial que opera permanentemente al límite de su capacidad.
Un llamado urgente a la acción
Ante este panorama desolador, resulta de absoluta urgencia que el Gobierno nacional adopte medidas contundentes y estructurales para fortalecer el sistema judicial en Cartagena. Nuestras autoridades regionales deben exigir con firmeza estas transformaciones necesarias. Miles de cartageneros —incluyendo a los propios fiscales que luchan diariamente contra estas adversidades— están cansados de esperar por una justicia eficaz, oportuna y de calidad. Ha llegado el momento histórico de brindar soluciones concretas, presupuestarias y organizacionales que permitan desatascar el sistema y restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia penal.
