Precandidato presidencial Abelardo de la Espriella enfrenta grave acusación por ética profesional
En medio del ambiente preelectoral, al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella le surgen nuevos problemas judiciales de carácter significativo. Esta vez, a diferencia de su habitual rol como representante legal, se encuentra en la posición de demandado, enfrentando una acusación penal interpuesta por David Murcia Guzmán, el reconocido cerebro detrás de la organización piramidal DMG que estafó a cientos de miles de colombianos en todo el territorio nacional.
Los detalles de la demanda por violación de deberes profesionales
La denuncia formal fue presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá por la también precandidata presidencial Sondra Macollins, quien actúa como representante legal de Murcia Guzmán, actualmente cumpliendo condena. Según los documentos presentados, De la Espriella habría incurrido en una presunta violación grave de los deberes profesionales fundamentales que rigen la abogacía, específicamente en cuanto a lealtad, diligencia, ética y confianza hacia su cliente.
Macollins detalló que el litigante no cumplió con "deberes importantes de la profesión: el deber de la dignidad del derecho, el deber de la representación, el deber de lealtad y el de honradez". La jurista enfatizó que abandonó a su cliente sin justificación válida, dejando además evidencia de supuestas irregularidades en el proceso de captura de Murcia Guzmán, incluyendo alteraciones en fechas y lugares de detención.
El reclamo económico: cinco mil millones de pesos no devueltos
El núcleo de la controversia gira en torno a una suma considerable de dinero. De acuerdo con la versión presentada por la representante legal, De la Espriella no habría devuelto cinco mil millones de pesos que recibió como honorarios por representar a Murcia Guzmán, a pesar de haber abandonado su defensa sin motivos aparentes. Esta situación genera serias dudas sobre el manejo profesional y ético de los recursos entregados en confianza.
La precandidata Macollins fue contundente al afirmar: "La política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética, del derecho. El derecho debe primar las garantías del cliente, deben primar las acciones de un abogado que mantenga la ética, que respete el código disciplinario". Además, cuestionó públicamente cómo un profesional con este historial pretende representar a toda una nación en las próximas elecciones presidenciales.
Contexto histórico: el caso DMG y sus consecuencias
Es fundamental recordar que David Murcia Guzmán fue sentenciado a veintidós años y diez meses de prisión por su liderazgo en la organización DMG, una estructura piramidal que lavó dinero ilegal y estafó a aproximadamente doscientas mil personas en Colombia. La investigación de la Fiscalía General de la Nación demostró que se prometieron grandes réditos a los usuarios, pero en realidad se trató de un elaborado esquema de robo masivo.
Hasta el año 2026, Murcia Guzmán lleva dieciséis años cumpliendo condena, mientras que muchas de las víctimas directas de DMG aún esperan una reparación integral por las pérdidas económicas y emocionales sufridas. Este nuevo capítulo judicial añade complejidad al ya polémico caso, conectando directamente con figuras políticas en ascenso.
Implicaciones políticas y profesionales
La demanda contra Abelardo de la Espriella surge en un momento políticamente sensible, cuando varios precandidatos se preparan para las elecciones presidenciales. Las acusaciones de incumplimiento ético y profesional podrían tener repercusiones significativas en su imagen pública y en la confianza que los electores depositen en su capacidad para liderar el país.
La representante Macollins concluyó con una advertencia directa: "Si como ha actuado como abogado va a defender la patria, pues hay que tomar acciones", subrayando la importancia de la coherencia entre la práctica profesional privada y las responsabilidades públicas que conlleva aspirar a la presidencia de la República.
