Decreto que elimina prima de congresistas desata crisis salarial en la Rama Judicial
El Consejo de Estado se encuentra actualmente tramitando al menos cinco demandas de nulidad contra el decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la prima especial de servicios de los congresistas, eliminando aproximadamente 16 millones de pesos mensuales de sus remuneraciones.
Esta medida administrativa, que coincidió temporalmente con el decreto que aumentó en un 23% el salario mínimo -el incremento más alto registrado en la historia del país-, fue emitida en el contexto preelectoral de las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas. Aunque el Gobierno justificó la decisión como un mecanismo para aliviar la crisis fiscal que llevó a declarar la emergencia económica, diversos sectores políticos la calificaron como un acto "populista" con motivaciones electorales.
Impacto inesperado en la Rama Judicial
Lo que inicialmente pasó desapercibido en el debate público fue que el decreto no solo afectaba a los parlamentarios, sino que repercutía directamente en todos los salarios de funcionarios públicos indexados a esa misma base remunerativa. Entre los afectados se encuentran magistrados, jueces de diferentes instancias, profesionales de despacho, procuradores y una parte significativa de la estructura salarial de la Rama Judicial.
Pedro Alirio Sandoval, procurador judicial del Sindicato Procurar, explicó a este medio: "Bajo el sofismo de reducir el salario de los congresistas se está generando un efecto cascada, un dominó, un efecto espejo que termina por desmejorar las condiciones salariales y prestacionales de cientos de servidores públicos, entre ellos funcionarios de la rama judicial, jueces y magistrados, de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación".
Argumentos jurídicos de las demandas
Las acciones legales interpuestas ante el Consejo de Estado, mayoritariamente presentadas por sindicatos de trabajadores, se fundamentan en varios argumentos clave:
- Violación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral
- Transgresión de derechos adquiridos y garantías laborales consagradas
- Deterioro de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos
- Afectación a procesos de nivelación salarial que venían desarrollándose por décadas
Sandoval agregó: "Este decreto genera una estocada mortal a esa aspiración de los jueces de menor jerarquía de lograr esa nivelación. En últimas, lo que hace el decreto es que, bajo el sofismo de reducir el salario de los congresistas, termina afectando a cientos de miles de trabajadores del Estado".
Solicitud de medidas cautelares
Las demandas solicitan específicamente al Consejo de Estado la aplicación de una medida cautelar de suspensión provisional que impida la entrada en vigencia del decreto programada para el 21 de julio de 2026. Esta solicitud busca mantener el statu quo mientras se resuelve el fondo del asunto, protegiendo así los derechos laborales de los afectados.
Paradójicamente, el Gobierno había utilizado argumentos similares sobre la protección del poder adquisitivo cuando se opuso a la suspensión del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, alegando en esa oportunidad que la ecuación se había desfasado de los parámetros técnicos exigidos.
La situación ha creado un escenario complejo donde las políticas de austeridad fiscal chocan con las garantías laborales de los servidores públicos, generando un debate que trasciende lo meramente económico para adentrarse en el terreno de los derechos fundamentales y la estabilidad institucional del país.
