Defensa de exministro Bonilla denuncia demoras judiciales en escándalo UNGRD
La situación jurídica del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla ha generado un intenso debate en los estrados judiciales de Bogotá. Alejandro Carranza, quien recientemente asumió la defensa del exjefe de la cartera, cuestionó duramente que su cliente permanezca privado de la libertad desde diciembre de 2025, calificando la medida de aseguramiento como un procedimiento desproporcionado y excesivo.
Detención prolongada en el Cespo
Bonilla, considerado uno de los colaboradores más cercanos al Gobierno Nacional, se encuentra actualmente recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) mientras avanza la investigación por el complejo entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El jurista Carranza manifestó que la libertad del exfuncionario no puede ser tratada como un tema menor, especialmente en el actual contexto del país.
"La libertad es el bien más preciado, y nos comprometemos a luchar por el Dr. Bonilla, ya que consideramos que su detención fue excesiva e injusta", señaló Carranza a través de su cuenta en la red social X, enfatizando la importancia de este derecho fundamental.
Cuestionamientos al Tribunal Superior de Bogotá
El malestar de la defensa radica principalmente en la supuesta demora del Tribunal Superior de Bogotá para resolver los recursos presentados. Tras la negativa de un habeas corpus preventivo, el abogado cuestionó por qué, tras dos meses de haber interpuesto una apelación, aún no se conoce una decisión de fondo que permita al exministro saber si puede continuar respondiendo en libertad.
Carranza, quien también representa los intereses jurídicos del presidente Gustavo Petro, insistió en que el exministro debe ser respetado y que su situación jurídica debe resolverse con celeridad. Según el abogado, el Tribunal ha presentado una situación preocupante al no designar oportunamente al magistrado encargado de estudiar los argumentos de la defensa para revocar la medida de cárcel.
No obstante, desde la corporación judicial se ha informado que ya fue asignada al caso la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien deberá estudiar los argumentos presentados por la defensa del exministro.
Los cargos que enfrenta el exministro de Hacienda
La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a Ricardo Bonilla al proceso el 18 de diciembre de 2025. En esa oportunidad, el ente acusador le imputó varios delitos, los cuales no fueron aceptados por el procesado:
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Concierto para delinquir agravado.
- Cohecho por dar u ofrecer.
La tesis de los investigadores apunta a que Bonilla, presuntamente, habría monitoreado proyectos de inversión y dado instrucciones para que contratos de la UNGRD y de Invías fueran direccionados hacia ciertos congresistas. El objetivo de este movimiento, según el ente acusador, era asegurar los votos necesarios en el Legislativo para la aprobación de las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo.
El alcance del entramado en la UNGRD e Invías
Las pesquisas indican que el exjefe de la cartera de Hacienda, junto con otros altos funcionarios como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, habría intervenido en una bolsa de recursos que superaba los 600.000 millones de pesos. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran:
- Intervención indebida en 79 contratos, de los cuales se alcanzaron a concretar siete.
- Mediación ilegal para un contrato de 35.000 millones de pesos en Sahagún, Córdoba, que no se materializó.
- Presuntas gestiones para redireccionar tres contratos de la UNGRD valorados en más de 86.000 millones de pesos.
"Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas afines a un congresista de la Comisión Primera del Senado", precisó la Fiscalía en un comunicado oficial.
A pesar de que algunos contratos no se firmaron, el ente investigador sostiene que los congresistas implicados sí cumplieron con su parte del trato al aprobar notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno Nacional. Mientras la defensa prepara nuevos recursos, Bonilla permanece bajo custodia policial a la espera de que la justicia defina si podrá recuperar su libertad antes de que inicie el juicio formal.
