Defensa de exconsejera Sandra Ortiz busca cerrar investigación por tráfico de influencias en escándalo UNGRD
En un giro procesal significativo, la defensa de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz solicitó formalmente el cierre de la investigación por supuesto tráfico de influencias dentro del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La petición se presentó durante la audiencia preparatoria de juicio programada para este miércoles, donde Ortiz enfrenta cargos por su presunta participación en el desvío de recursos públicos.
Argumentos de la defensa para la preclusión
El abogado defensor Mauricio Camacho fundamentó su solicitud en la causal tercera del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, argumentando que los hechos investigados carecen de conexión sustancial con el núcleo del caso UNGRD. "Está claro: Repelón no es Girón. Yo conozco Girón, y no sé cuántas horas me gasto para llevar a Repelón. El hecho no existió", afirmó Camacho durante su intervención.
La defensa sostiene que el contrato de la UNGRD mencionado por la Fiscalía, supuestamente vinculado a un municipio del Atlántico, en realidad se ejecutó en Girón, Santander. Este argumento geográfico constituye el eje central de la petición de preclusión, ya que según Camacho, la Fiscalía nunca ha dudado en la nomenclatura del contrato, lo que invalidaría la acusación por tráfico de influencias.
La posición firme de la Fiscalía
La fiscal María Cristina Patiño, responsable del caso, se opuso categóricamente a la solicitud de la defensa. En su intervención, Patiño argumentó que para aplicar la preclusión se debe demostrar que los hechos no existen, "y esto no ocurre en el presente evento, donde en realidad el hecho imputado y acusado sí existió".
La representante del ente acusador detalló que la Fiscalía imputó a Ortiz dos comportamientos delictivos específicos:
- Traficar influencias con Olmedo López y Sneyder Pinilla para prorrogar un contrato en ejecución en el Atlántico
- Conseguir 3.000 millones de pesos destinados al senador Iván Name
"Es irrelevante que la acusación se soporte sobre un contrato que pudo no haber existido", afirmó Patiño, explicando que la unidad de acción del delito se sustenta en los hechos del 21 de septiembre de 2023, cuando Ortiz habría requerido a López por el contrato y los recursos económicos.
Contexto del caso y próximos pasos
Sandra Ortiz se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, acusada por la Fiscalía de ser la supuesta emisaria de Carlos Ramón González para entregar 4.000 millones de pesos en efectivo a los entonces congresistas Iván Name y Andrés Calle. Según la investigación, estos recursos constituirían una coima pactada desde el Gobierno Nacional para asegurar el apoyo a reformas sociales de interés del Ejecutivo.
La entrega del dinero habría ocurrido entre el 12 y 14 de octubre de 2023 en Bogotá y Montería, ciudades donde Name y Calle habrían recibido el envío de González. Por estos hechos, la fiscal Patiño imputó a Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la exfuncionaria no aceptó, lo que derivó en la apertura del juicio oral.
El procurador Mario Gómez también intervino en la audiencia, haciendo énfasis en que aunque puedan existir diferencias en la enumeración del contrato o el municipio, la defensa no probó que los hechos del presunto tráfico de influencias no hayan ocurrido. Para el delegado del Ministerio Público, los hechos jurídicamente relevantes son distintos a los hechos indicadores para los efectos procesales.
Tras las exposiciones de las partes, la jueza suspendió la audiencia, que se retomará el próximo 4 de marzo a las 8 de la mañana. En esa diligencia se espera conocer el resultado de la solicitud de preclusión presentada por la defensa de Sandra Ortiz, decisión que podría marcar un punto de inflexión en este emblemático caso de corrupción que involucra a altos exfuncionarios del gobierno Petro.
