En una entrevista exclusiva con EL TIEMPO, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por las concesiones otorgadas a grupos armados en el marco de la política de 'paz total', a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. Según Marín, estas gabelas podrían generar 'incentivos perversos' que permitan a estas estructuras influir en el voto libre de los ciudadanos en los territorios que controlan ilegalmente.
La crítica situación en Briceño, Antioquia
Marín se refirió al asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, ocurrido el 11 de mayo de 2026. La Defensoría había emitido una alerta temprana el año pasado por el agravamiento de la situación en la zona, donde se disputan el territorio el Frente 36 de las disidencias de 'Calarcá', el Clan del Golfo y otro grupo de criminalidad organizada. Tras la alerta, la Defensoría emitió oficios de consumación que constatan que los hechos advertidos se están presentando sin mitigación. En lo corrido del año se han registrado varios homicidios, ataques a misiones médicas, explosiones de motocicletas, desplazamientos y confinamientos.
Autonomía del Frente 36 y su impacto en las negociaciones
Consultada sobre una posible fractura entre el Frente 36 y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), Marín aclaró que no existe una ruptura confirmada, pero sí una 'relativa autonomía' del Frente 36. Esto tiene implicaciones para los procesos de negociación, ya que se espera que los grupos en conversaciones tengan capacidad de vincular a toda su estructura a los compromisos adquiridos. Si la autonomía se acrecienta y genera una ruptura, podría llevar a la desvinculación del proceso.
Sobre la responsabilidad del crimen de Mateo Pérez, Marín indicó que la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad penal de alias 'Calarcá' por cadena de mando, pero políticamente el grupo debe responder por las actuaciones de sus miembros. El hecho es muy grave y simbólico, pues se trataba de un joven periodista de 23 años que investigaba lo que ocurría en Briceño y fue asesinado, probablemente con señales de tortura, lo que muestra un régimen autoritario y falta de aceptación de la libertad.
Riesgo de coacción electoral
La Defensoría ha identificado que la violencia de los grupos armados podría influir en el voto libre. Ya en las campañas al Congreso hubo restricciones al proselitismo, como en Arauca y Huila, y se prohibió el ingreso de ciertos sectores políticos en algunas zonas. Por ejemplo, en el suroccidente aparecieron vallas de disidencias que advertían que no permitirían el ingreso de candidatos de derecha. También se afectaron sedes de campaña de Iván Cepeda y Paloma Valencia. Esto restringe la capacidad de los candidatos de hacer campaña y podría convertirse en constreñimiento directo al elector.
Gabelas en medio de la incertidumbre electoral
Marín se mostró inquieta por las zonas de ubicación temporal otorgadas al EMBF, la Coordinadora Ejército Bolivariano y el Clan del Golfo, cuyas concentraciones están previstas para finales de mayo y junio, en plena campaña presidencial. El Gobierno actual no puede comprometerse con lo que ocurra a menos de tres meses del inicio formal de la campaña, lo que podría generar incentivos perversos para que los grupos incidan en los procesos electorales pensando en una eventual continuidad que les sea favorable. Además, no hay claridad sobre los derechos de las víctimas ni el marco de justicia.
La decisión de levantar las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo para permitir su desplazamiento a las zonas de ubicación temporal también es vista con preocupación. Marín considera que el Gobierno debería tener más precaución en pleno proceso electoral y tan cerca del cambio de Gobierno. Aunque en la alerta temprana electoral se registraron incidencias atribuibles al Clan del Golfo, como restricciones al proselitismo de campañas de izquierda, no es claro cómo interpretan los grupos armados el escenario político. Lo cierto es que tienen poder, control poblacional y territorial, y capacidad de constreñir a los electores.
Recomendaciones para garantizar elecciones libres
La alerta temprana electoral contiene 20 recomendaciones dirigidas a distintas entidades. Algunas están relacionadas con la judicialización y la justicia, como la necesidad de que la Fiscalía investigue de manera pronta y efectiva las amenazas que circulan en redes sociales contra candidatos. También se recomienda protección colectiva para las comunidades expuestas a la presencia de grupos armados, no solo protección individual. Marín destacó que la intervención de la fuerza pública es importante pero insuficiente frente a la complejidad del problema.
Otra recomendación fue dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, solicitando que todas las mesas de conversaciones adoptaran un compromiso de no interferir en el proceso electoral, no solo el día de las elecciones sino durante toda la campaña. Aunque ese compromiso se adoptó, persiste el reto de que lo firmado se traduzca en cambios reales para la gente. Marín advirtió que todavía puede haber dificultades en el cumplimiento y eventuales intereses electorales por parte de los grupos armados.
