Corte Suprema define centros de reclusión para congresistas investigados por corrupción en la Ungrd
La Corte Suprema de Justicia ha determinado oficialmente los establecimientos carcelarios donde cumplirán su medida de aseguramiento los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes están implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta decisión judicial marca un paso crucial en la investigación por presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos, un caso que continúa revelando nuevos detalles sobre posibles actos de corrupción.
Destinos carcelarios establecidos para los parlamentarios
Según una resolución judicial revelada por medios de comunicación, el senador electo Wadith Manzur será recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá, mientras que la representante reelecta Karen Manrique será trasladada a la cárcel del Buen Pastor. La determinación de estos centros de reclusión se produjo tras una solicitud específica del magistrado Misael Rodríguez, quien pidió definir los lugares de detención para ambos parlamentarios después de que la Sala Especial de Instrucción emitiera la orden de captura hace seis días.
La decisión responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas y el cumplimiento efectivo de la medida privativa de la libertad, en un caso que involucra a figuras políticas de alto nivel y que ha generado amplia atención pública. Manrique había manifestado ante la justicia posibles riesgos en su contra, lo que influyó en la determinación de su lugar de reclusión.
Contexto del caso y acusaciones contra los congresistas
Tanto Wadith Manzur como Karen Manrique están señalados de haber utilizado su posición en la Comisión de Crédito Público para favorecer al Gobierno Nacional en votaciones consideradas estratégicas, presuntamente a cambio de beneficios indebidos. Ambos políticos habían sido reelegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, lo que añade una dimensión política significativa al proceso judicial en curso.
El caso tomó mayor fuerza tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, quien entregó testimonio detallado ante la Corte Suprema sobre posibles irregularidades en la asignación de proyectos vinculados a la Ungrd. Según los magistrados, el material probatorio recaudado sugiere que los implicados podrían haber incurrido en el delito de cohecho impropio, lo que motivó directamente la orden de captura contra los dos congresistas.
Nuevas revelaciones y conexiones investigativas
Durante su declaración judicial, Benavides aseguró haber mantenido comunicación directa con varios de los investigados, revelando que compartía información específica a través de aplicaciones de mensajería. "Yo se lo envié al representante Wadith Manzur por WhatsApp, al senador Juan Pablo Gallo por Signal y a la representante Karen Manrique por WhatsApp", testificó ante el despacho judicial.
La exfuncionaria explicó que este intercambio de información se producía porque los congresistas le habían suministrado previamente datos sobre proyectos específicos y mostraban interés constante en conocer su avance durante la última semana de sesiones de la Comisión Interparlamentaria. Entre las pruebas más contundentes figura una lista manuscrita que evidenciaría el interés particular de Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera en un contrato relacionado con obras para mitigar inundaciones en el río Bojabá, en Saravena, con un valor estimado de 30.000 millones de pesos.
Ampliación de las líneas investigativas
El expediente judicial también menciona a otros políticos como Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continúan vinculados al proceso investigativo aunque permanecen en libertad por el momento. Las investigaciones señalan que para la aprobación de estos proyectos era fundamental el aval del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del director de la Ungrd, Olmedo López, quienes aparecen dentro de las líneas investigativas del caso.
Este desarrollo judicial representa un momento significativo en la lucha contra la corrupción en Colombia, particularmente en lo relacionado con la gestión de recursos públicos destinados a la prevención y atención de desastres naturales. La definición de los centros de reclusión para los congresistas implicados establece un precedente importante sobre la aplicación de medidas cautelares en casos de alta complejidad política y social.
