Demanda judicial cuestiona convenio para expedición de pasaportes con apoyo portugués
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó formalmente la admisión de una acción popular presentada contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, debido al convenio suscrito para la expedición de pasaportes con apoyo de la Imprenta Nacional Casa da Moneda de Portugal.
Decisión judicial fundamentada en riesgo inminente
En una decisión adoptada por el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, de la Sección Primera, Subsección B, el Tribunal ratificó el auto del 14 de enero de 2026 al considerar que se ajusta a los parámetros normativos y jurisprudenciales. La decisión se fundamenta especialmente en la procedencia excepcional de la acción popular cuando existe un peligro inminente que podría traducirse en un perjuicio irremediable para derechos e intereses colectivos.
La demanda fue presentada por Nicolás Dupont Bernal, a través de apoderado judicial, quien sostiene que con la suscripción y ejecución del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 se vulneraron derechos colectivos como:
- La moralidad administrativa
- La defensa del patrimonio público
- El acceso a los servicios públicos en condiciones de eficiencia y oportunidad
Crisis documentada de desabastecimiento en 2025
El Tribunal resaltó en su análisis que "ya existió una crisis real y comprobada en septiembre de 2025", período en el cual se presentó un desabastecimiento de pasaportes y una grave congestión en la asignación de citas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que afectó a miles de ciudadanos colombianos.
Según la decisión judicial, la naturaleza industrial, logística y tecnológica del proceso de expedición de pasaportes —que involucra suministro de libretas, personalización, soportes informáticos, esquemas de distribución y atención en ventanillas— conforma una cadena interdependiente en la que la ruptura de alguno de sus eslabones puede generar:
- Desabastecimiento generalizado
- Represamiento de trámites administrativos
- Paralización de viajes, estudios, tratamientos médicos, misiones oficiales u oportunidades laborales
Alertas de la Contraloría y riesgos estructurales
El Tribunal mencionó específicamente alertas emitidas por la Contraloría General de la Nación sobre un riesgo inminente para la prestación continua del servicio. Estas alertas se refieren al eventual vencimiento del contrato con el proveedor actual y la falta de preparación técnica, infraestructura y aliados estratégicos suficientes por parte de la Imprenta Nacional para asumir la producción, personalización y entrega de pasaportes en los tiempos requeridos.
A juicio del Tribunal, estas circunstancias evidencian que el riesgo de repetición es real, actual e inminente, especialmente si persisten problemas estructurales en la planeación y continuidad del modelo de expedición de documentos de viaje.
Exigencias judiciales y plazos establecidos
Como parte de las decisiones adoptadas, el Tribunal ordenó requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en un plazo de tres días hábiles, remita copia íntegra y actualizada de:
- Estudios, diagnósticos y evaluaciones técnicas
- Análisis de riesgo detallados
- Conceptos jurídicos, económicos y presupuestales
- Planeación financiera completa
- Soportes que respalden la estructuración del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025
El accionante solicita en su demanda que se declare la vulneración de los derechos colectivos invocados, que se ordene abstenerse de ejecutar el convenio en condiciones que afecten la moralidad administrativa y el patrimonio público mientras no se subsanen los vicios señalados, y que se adopten medidas correctivas para garantizar transparencia, adecuada planeación y disponibilidad presupuestal, así como la continuidad y calidad del servicio de expedición de pasaportes.
De acuerdo con la información disponible, la urgencia manifiesta con el proceso actual se extiende hasta el 30 de abril, aunque es posible que el proceso judicial comience antes. Sin embargo, la producción oficial de pasaportes quedará en manos de la Imprenta Nacional y Portugal a partir del mes de mayo, según lo establecido en el convenio cuestionado.
