Gobernador de Antioquia inicia batalla legal para frenar liberación de capos criminales
El camino jurídico para detener la resolución de la Fiscalía que levantó las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín comenzará formalmente el próximo lunes de Pascua, 6 de abril de 2026. La divulgación de esta polémica medida coincidió estratégicamente con la vacancia judicial de Semana Santa, retrasando las acciones legales de oposición.
Demanda de nulidad con medida cautelar
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lidera una de las principales acciones legales al anunciar que radicará una demanda de nulidad contra la resolución 0072 del 27 de marzo de 2026 ante el Consejo de Estado. La solicitud incluye una medida cautelar de suspensión provisional para congelar los efectos de la resolución mientras el alto tribunal decide sobre el fondo del asunto.
"Esta resolución es abiertamente ilegítima y carece de sustento legal sólido", afirmó el mandatario regional, quien estará acompañado en esta demanda por diversos grupos de ciudadanos afectados por la medida.
Argumentos centrales de la oposición
Los demandantes sostienen que la orden fiscal, proferida a solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se fundamenta en la Ley de Paz Total que fue declarada parcialmente constitucional por la Corte Constitucional. El problema radica en que esta ley supedita el sometimiento de bandas criminales a una legislación específica que, a cuatro meses de terminar el actual gobierno, sigue empantanada en el Congreso de la República.
Rendón ha cuestionado duramente los acercamientos liderados por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, argumentando que se trata de "capos purasangre" ya condenados por delitos graves. "Cualquier beneficio jurídico que se tramite bajo mecanismos ordinarios estaría sujeto a revisión por las altas cortes", advirtió el gobernador.
Vicios procesales y riesgos identificados
Entre los principales vicios señalados en la demanda se encuentran:
- Falta de consulta previa con autoridades territoriales afectadas
- Riesgo inminente para víctimas, testigos, fiscales y jueces que participaron en procesos contra estos criminales
- Posible interferencia en el proceso electoral de mayo de 2026
- Peligro de coartar el derecho al voto libre en zonas controladas por estas estructuras criminales
Aunque la Fiscalía ha aclarado que la resolución no significa la excarcelación inmediata de estos cabecillas -jefes de los combos más sanguinarios del Valle de Aburrá-, tanto Rendón como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionan cualquier beneficio hacia personas que, incluso desde la cárcel, mantienen control e influencia sobre sus organizaciones delictivas.
Proceso ante el Consejo de Estado
Desde el lunes de Pascua, la pelota estará en la cancha del Consejo de Estado, tribunal que -siguiendo precedentes como la suspensión provisional del salario mínimo- podría frenar temporalmente la resolución mientras decide sobre su legalidad definitiva.
El proceso judicial seguirá esta ruta crítica:
- Admisión formal de la demanda de nulidad
- Decisión sobre medida cautelar de suspensión (podría tardar hasta dos meses)
- Tramitación completa sobre legalidad de la resolución (hasta un año)
"Estamos ante una decisión que podría tener consecuencias graves para la seguridad de Antioquia y para el proceso democrático en curso", señalaron fuentes cercanas al proceso legal, destacando la urgencia de una intervención judicial que garantice el estado de derecho.
La resolución fiscal ha generado amplia controversia no solo por sus implicaciones jurídicas, sino por el momento político en que fue emitida, generando dudas sobre su transparencia y legitimidad constitucional.
