La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, medida contemplada en el marco de la reforma pensional impulsada por el Gobierno.
La decisión judicial frenó una operación que, según cifras del sector, implicaba inicialmente el traslado de cerca de 5 billones de pesos correspondientes a afiliados ya pensionados, dentro de un movimiento total estimado entre 25 y 27 billones de pesos.
Tras conocerse la determinación, el presidente Petro cuestionó públicamente al magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, y pidió denunciarlo penalmente por el delito de prevaricato.
“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Detalles de la decisión judicial
La decisión del Consejo de Estado se produjo cuando estaban próximos a ejecutarse los traslados de recursos. El decreto fijaba plazos de 20 días para girar el 50 por ciento de los recursos y otros 10 días para completar la operación en el caso de quienes no habían consolidado el derecho pensional. Para quienes ya estaban pensionados, el traslado debía realizarse en máximo 15 días.
El tribunal consideró que esos términos justificaban una medida cautelar urgente, debido al riesgo de que el traslado se consumara antes de que pudiera efectuarse un control judicial efectivo.
Reacciones desde el Gobierno y la Rama Judicial
Las declaraciones del presidente provocaron reacciones incluso dentro del propio Gobierno. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, sostuvo que aunque la decisión puede ser controversial, la discusión debe mantenerse en el terreno jurídico y administrativo.
“La decisión del consejero debe discutirse en el marco de los recursos disponibles en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y no es apropiado trasladar la controversia a instancias penales ajenas a esta discusión jurídica fundamental para el país”, señaló el ministro en X.
Además, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial exigió respeto por la independencia de los poderes como lo ordena la Constitución.
“En un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado”, dice el comunicado.
Análisis de expertos legales
El abogado Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia a la Justicia, afirmó que la propuesta del presidente “carece de sustento técnico”, pues el delito de prevaricato exige que la decisión judicial sea “manifiestamente contraria a la ley”.
Según Pérez, el magistrado Bedoya Escobar sustentó la suspensión provisional en la necesidad de proteger el ahorro de los trabajadores y en que el Gobierno buscaba trasladar recursos sin haber creado previamente el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, requisito previsto en la Ley 2381 de 2024.
“El fallo puede ser discutido jurídicamente, pero eso no convierte la decisión en un comportamiento criminal”, sostuvo.
El abogado también advirtió que judicializar decisiones adoptadas por magistrados en ejercicio de sus competencias podría afectar la independencia judicial, principio consagrado en el artículo 228 de la Constitución.
“Pretender que un magistrado sea procesado penalmente por suspender un acto administrativo que considera ilegal es un intento de criminalizar el criterio judicial y anular el sistema de pesos y contrapesos”, señaló.
El abogado Carlos Mario Salgado explicó que el Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, tiene competencia para revisar y suspender actos administrativos de carácter general expedidos por el Ejecutivo, como ocurrió con el decreto relacionado con los traslados pensionales.
“El magistrado actuó conforme a las competencias que le otorga la Constitución”, señaló.
Salgado añadió que la división entre las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial constituye “la piedra angular del Estado Social de Derecho” y advirtió sobre los riesgos de debilitar esos contrapesos institucionales.
Por su lado, el abogado Ramiro Bejarano calificó como “una atrocidad” la posibilidad de denunciar penalmente al magistrado.
“La amenaza de denunciar penalmente al magistrado es un abuso todavía peor, porque pretende imponer el criterio del gobierno a las otras ramas del poder con denuncias y querellas temerarias. Si el gobierno o alguien en su nombre silenciosamente denuncia a ese magistrado por no pensar como el presidente se pone en riesgo el sistema democrático y por eso deberá responder Petro penal, disciplinaria y patrimonialmente”, afirmó.
