Nueva denuncia judicial sacude al senador David Racero del Pacto Histórico
La Corte Suprema de Justicia recibió una carta que podría cambiar el curso de las investigaciones contra el senador David Racero, recién reelecto por el Pacto Histórico. El documento, dirigido al magistrado César Augusto Reyes, contiene graves acusaciones sobre testimonios falsos presentados ante el Consejo de Estado durante el proceso que buscaba la pérdida de investidura del político.
Los alegatos centrales de la denuncia
Según la información revelada, la misiva judicial señala que tanto David Racero como John Leonardo García, miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), mintieron bajo juramento ante el Consejo de Estado. Ambos habrían negado categóricamente que García trabajara en el supermercado Fruver, negocio familiar de Racero, mientras recibía su salario con fondos públicos.
La denuncia va más allá al afirmar que también negaron que García fungiera como conductor del entonces representante a la Cámara, contradiciendo lo que evidenciarían las pruebas presentadas.
Las pruebas digitales que cambiarían el caso
La persona que envió la carta a la Corte Suprema ofreció entregar 17 comunicaciones de WhatsApp que, según su versión, demostrarían la relación laboral irregular. En estos mensajes, supuestamente se evidencia que John Leonardo García manejaba los vehículos de David Racero y su familia, incluyendo un automóvil asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
"En algunas ocasiones lo hacía en compañía de un escolta identificado en esa carta", según reportes periodísticos. Los mensajes mostrarían cómo el conductor "lo llevaba, lo traía y lo recogía cuando llegaba de viaje", estableciendo una relación laboral que contradice las declaraciones juradas.
Más irregularidades en el uso de recursos públicos
La investigación toma un giro más complejo con nuevas revelaciones sobre el uso de la Unidad de Trabajo Legislativo. Según el testimonio presentado ante la Corte Suprema, existirían pruebas de que miembros de la UTL de Racero realizaron pagos personales y familiares del político con recursos públicos.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentran:
- Pagos de víveres a establecimientos comerciales que entregaban los suministros en la vivienda del senador
- Cancelación de la tarjeta de crédito de David Racero por parte de sus asesores legislativos
- Cobertura de obligaciones económicas personales del exrepresentante
- Transferencias de dinero a familiares, incluyendo a su padre
- Pago de cuentas domésticas del político con fondos públicos
El caso en el Consejo de Estado y su posible reapertura
El pasado 11 de febrero, el Consejo de Estado había negado la petición de pérdida de investidura contra David Racero, argumentando que "no se probó -libre de toda duda- la indebida destinación de dineros públicos". El alto tribunal consideró que las pruebas disponibles en ese momento "no revisten la suficiente entidad y convicción" para generar la certeza necesaria.
Sin embargo, los demandantes han apelado esta decisión y solicitado específicamente que se escuche a la misma persona que declaró ante la Corte Suprema. Además, piden que se realice un cotejo de voces entre las grabaciones presentadas y las voces de David Racero y John Leonardo García, lo que podría cambiar radicalmente el curso de la investigación.
Implicaciones políticas y judiciales
Este nuevo capítulo en el llamado "caso Fruver" representa un desafío significativo para David Racero, quien recientemente obtuvo su reelección como senador por el Pacto Histórico. Las acusaciones de testimonios falsos ante un alto tribunal como el Consejo de Estado podrían tener consecuencias jurídicas graves, más allá de las investigaciones por el presunto uso indebido de recursos públicos.
La Corte Suprema de Justicia ya ha dado pasos iniciales en la investigación, escuchando al remitente de la carta y analizando los audios y mensajes presentados como prueba. El desarrollo de esta investigación será crucial para determinar la veracidad de las acusaciones y sus posibles consecuencias para el senador y su equipo de trabajo legislativo.
