Exfuncionarios del Buen Pastor destituidos por la controvertida fuga de Aida Merlano
La Procuraduría General de la Nación ha impuesto severas sanciones a tres exfuncionarios de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, tras comprobar su responsabilidad en la espectacular fuga de la excongresista Aida Merlano ocurrida el 1 de octubre de 2019. Los acusados fueron señalados de otorgar permisos irregulares a la política, incluso cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no avaló esta salida de prisión que culminó en un escape cinematográfico.
Sanciones ejemplarizantes para los responsables
Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien se desempeñaba como directora del centro carcelario en ese momento, fue destituida e inhabilitada por un período de diez años para ejercer cualquier cargo público. La investigación demostró que Muñoz Miguez entregó personalmente las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitieron a Merlano salir del establecimiento penitenciario con el pretexto de realizarse un procedimiento estético dental en el Centro Médico de La Sabana en Bogotá.
Junto a ella, también recibieron la misma sanción de destitución e inhabilitación por una década David Alexander Álvarez Cárdenas, excomandante de custodia, y Katherine Lozano Forero, entonces subdirectora de la prisión. Álvarez Cárdenas fue responsable de suscribir la remisión médica de Merlano sin implementar las medidas de seguridad mínimas requeridas, mientras que Lozano Forero aprobó previamente el traslado de la reclusa al consultorio odontológico en fechas anteriores al incidente.
Además, el exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón recibió una suspensión de tres meses por permitir que durante la cita médica, Aida Merlano mantuviera un encuentro privado con sus hijos, violando así los protocolos de seguridad establecidos.
La fuga que conmocionó al país
El caso revela múltiples irregularidades en el manejo de la salida temporal de la excongresista. Merlano no contaba con autorización formal del Inpec para abandonar la cárcel y, fundamentalmente, no se le asignó el esquema de seguridad necesario para prevenir su evasión. Esta negligencia permitió que la política del Partido Conservador escapara durante su consulta odontológica, en una fuga que fue calificada como cinematográfica por su audacia y planificación.
La investigación de la Procuraduría estableció con claridad que los funcionarios sancionados actuaron con grave omisión de sus deberes, facilitando las condiciones para que se consumara el escape que mantuvo en vilo a las autoridades nacionales durante semanas.
Caso paralelo: la acusación por intento de silenciamiento
En un desarrollo paralelo relacionado con la misma excongresista, la Fiscalía General de la Nación ha oficializado el llamado a juicio contra tres personas acusadas de orquestar una estrategia ilícita para comprar el silencio de Aida Merlano durante su estadía en prisión.
Los imputados son:
- Julio Gerlein Echavarría, empresario señalado como determinador principal
- Diego Luis Muñetón Restrepo, litigante acusado de falso testimonio y soborno
- Teodoro Antonio De Yongh Salcedo, abogado identificado como autor material de las conductas punibles
Según el documento de 17 páginas radicado por el ente investigador, Gerlein contactó el centro de reclusión El Buen Pastor el 29 de septiembre de 2019 a través de la reclusa y exfiscal Tatiana Oliveros, con el objetivo de coordinar el ingreso de abogados que llevarían una oferta económica a Merlano.
La acusación establece que el abogado Teodoro Antonio De Yongh visitó a la excongresista siguiendo instrucciones de Gerlein y le habría ofrecido una suma que oscilaba entre los 3.000 y 3.500 millones de pesos. El propósito de este monto, según la Fiscalía, era garantizar que Merlano se abstuviera de entregar información comprometedora o rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Diego Luis Muñetón enfrenta cargos por visitar a la procesada dos días antes de su diligencia judicial para asegurar que "no mencionara absolutamente nada" relacionado con Alejandro y Arturo Char. Durante este encuentro, el jurista aludió a la entrega previa de 500 millones de pesos destinados supuestamente a gastos legales y médicos del hijo menor de Merlano, utilizando esto como mecanismo de presión.
Reacciones y desarrollo procesal
Frente a estos graves señalamientos, el abogado Jaime Lombana, representante de los intereses de Julio Gerlein, rechazó categóricamente las acusaciones durante una audiencia pública. Lombana denunció que su cliente ha sido objeto de una sistemática extorsión en el marco de este complejo caso judicial.
Un aspecto procesal relevante fue la decisión de la Juez 25 Penal de Conocimiento de Bogotá, quien negó la acreditación como víctimas a Aida Merlano y a su abogado Miguel Ángel Del Río Malo, a pesar de que inicialmente aparecían como tales en el escrito de acusación. La magistrada determinó que no existía prueba sumaria que demostrara un daño efectivo sobre la excongresista ni argumentos suficientes para otorgarle tal condición dentro del proceso penal.
Este caso judicial continúa desarrollándose, mientras Aida Merlano enfrenta una condena de 42 meses de prisión específicamente por la fuga que protagonizó en Bogotá en 2019, un episodio que expuso graves falencias en el sistema carcelario colombiano y que ahora tiene consecuencias disciplinarias para quienes facilitaron su escape.
