Procuraduría ratifica sanciones severas por fuga de excongresista en Bogotá
En un fallo contundente, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por diez años contra la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez, por su responsabilidad disciplinaria directa en la espectacular fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ocurrida el 1 de octubre de 2019 en la capital colombiana.
Autorizaciones irregulares y fallas de seguridad
Según la decisión definitiva del ente de control, la exdirectora Muñoz Miguez autorizó personalmente la salida de Merlano del centro penitenciario hacia el Centro Médico de La Sabana para un procedimiento dental, a pesar de que no existía autorización formal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y tampoco se implementaron las medidas de seguridad mínimas requeridas para una persona privada de la libertad considerada de alto riesgo.
La sanción disciplinaria también alcanzó al entonces comandante de custodia y vigilancia de la cárcel, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien firmó la remisión médica sin garantizar los protocolos de seguridad establecidos. De igual manera, fue destituida e inhabilitada por una década la exsubdirectora Katherine Lozano Forero, por avalar explícitamente el traslado de la excongresista al consultorio médico en fechas previas y el mismo día de la fuga, específicamente el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2019.
Otras sanciones y calificación de faltas
En el mismo fallo proferido por la Procuraduría, se impuso una suspensión de tres meses al exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, al determinarse que permitió que Merlano mantuviera reuniones con sus hijos durante una de las citas médicas, situación que no estaba autorizada dentro de los protocolos oficiales de custodia y representaba una vulneración adicional a las normas.
Las faltas atribuidas a la exdirectora Muñoz Miguez y al excomandante Álvarez Cárdenas fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo, evidenciando una intencionalidad clara en sus acciones. Por su parte, la conducta de la exsubdirectora Lozano Forero se consideró gravísima a título de culpa gravísima. En el caso del exdragoneante Ballesteros Rincón, la Procuraduría determinó que incurrió en una falta grave con culpa grave, aunque de menor magnitud.
Vulneración de principios fundamentales
El Ministerio Público concluyó de manera categórica que todos los funcionarios sancionados "vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia establecidos en la ley para el cumplimiento de los servidores públicos", al omitir deliberadamente la adopción de las medidas necesarias para garantizar la custodia efectiva de la excongresista Aida Merlano.
Este caso se remonta al 1 de octubre de 2019, cuando Merlano logró fugarse durante un traslado médico autorizado irregularmente, escapando inicialmente hacia Venezuela y siendo finalmente deportada de regreso a Colombia el 10 de marzo de 2023. Las sanciones ahora confirmadas representan un precedente significativo en la responsabilización de funcionarios penitenciarios por fallas graves en procedimientos de seguridad.
