Empate judicial deja en manos de conjueces el futuro de congresistas investigados por caso UNGRD
El proceso judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas mencionados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó momentáneamente sin definición tras un empate en la Sala de Instrucción del Alto Tribunal. Los magistrados no lograron alcanzar mayoría sobre si procede o no solicitar una medida de aseguramiento contra los parlamentarios implicados.
Los parlamentarios bajo la lupa judicial
Entre los congresistas que podrían enfrentar esta medida restrictiva se encuentran:
- Wadith Manzur del Partido Conservador
- Liliana Esther Bitar del Partido Liberal
- Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal
- Juan Pablo Gallo del Partido Liberal
- Karen Astrid Manrique, representante de las curules de paz
- El excongresista Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde
Dos de estos parlamentarios, Manzur y Manrique, participan activamente en la actual contienda electoral, lo que añade un componente político adicional a este proceso judicial.
Los conjueces que decidirán el caso
Ante el empate en la Sala, la decisión quedó en manos de dos conjueces: Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca, quienes deberán dirimir si se adopta o no la medida restrictiva dentro del proceso.
Alfredo Rey Córdoba es profesor de Criminalidad Económica y Financiera en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, donde también dicta la cátedra de Derecho del Espacio Ultraterrestre. Su trayectoria profesional incluye:
- Trabajo como consultor externo en asuntos jurídicos y temas relacionados con telecomunicaciones espaciales y satelitales
- Carrera en el sector público que comenzó como juez penal municipal
- Secretario de Gobierno de Cali y alcalde encargado de la ciudad
- Ministro plenipotenciario y representante permanente alterno de Colombia ante la ONU en Nueva York
- Embajador en misión especial ante la Conferencia Mundial del Espacio Unispace III en Viena
Javier Fernando Fonseca es abogado especializado en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la academia, ocupando cargos directivos como decano de las facultades de Derecho en:
- Universidad Católica de Colombia
- Universidad Militar Nueva Granada
- Universidad Cervantes San Agustín
- Universidad Los Libertadores
Detalles de la investigación y pruebas presentadas
La sesión en la que se decidió trasladar la definición a estos dos conjueces se extendió por cerca de dos horas y media. Durante ese encuentro, los magistrados analizaron la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, cuyo contenido fue revelado el pasado 27 de febrero.
En ese documento se solicita llamar a juicio a seis de los congresistas que en 2023 integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso. La ponencia detalla el papel que cada uno habría desempeñado dentro de la presunta red de irregularidades.
Según el auto de apertura de investigación, las pruebas apuntarían a que los implicados habrían aceptado promesas de remuneración a cambio de cumplir funciones propias de su rol dentro de dicha comisión, lo que podría configurar el delito de cohecho impropio.
Evidencias que comprometen a los parlamentarios
Entre los elementos probatorios incluidos en el expediente figuran:
- Testimonios de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides
- Declaraciones y evidencias entregadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López
- Declaraciones y evidencias del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla
De acuerdo con la información divulgada, los tres aportaron chats, correos electrónicos y otras comunicaciones que comprometerían directamente a los parlamentarios investigados.
Además, el Magistrado ponente incorporó a su análisis registros en video, interceptaciones telefónicas y conversaciones digitales que, según la investigación, relacionarían a los políticos con la presunta exigencia de contratos millonarios dentro del escándalo de la UNGRD.
La decisión final sobre la medida de aseguramiento contra estos congresistas ahora recae completamente en los conjueces Rey Córdoba y Fonseca, quienes deberán evaluar minuciosamente todas las pruebas presentadas antes de emitir su fallo.
