Asamblea Legislativa de El Salvador da luz verde a cadena perpetua para delitos graves
La Asamblea Legislativa de El Salvador, con amplia mayoría del partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una histórica reforma constitucional que habilita la imposición de cadena perpetua para casos de homicidio, violación y terrorismo. La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, fue respaldada por 59 de los 60 diputados presentes, incluyendo por primera vez votos del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Detalles de la reforma constitucional
La modificación afecta específicamente el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña, estableciendo que "la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas". La reforma mantiene la prohibición de prisión por deudas, penas infamantes, proscriptivas y cualquier forma de tormento, pero introduce esta excepción para los delitos considerados más graves.
Según explicó la diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas, "esta reforma tiene por objetivo aprobar cadena perpetua a personas que pertenezcan a pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores". La legisladora enfatizó que esta medida busca garantizar que quienes hayan destruido familias, violado inocentes y sembrado terror "jamás vuelvan a caminar por nuestras calles".
Proceso legislativo y próximos pasos
La aprobación se produjo sin estudio ni debate previo en sesión plenaria, siguiendo el procedimiento acelerado establecido en reformas constitucionales anteriores. Ahora, la reforma debe ser ratificada en otra sesión plenaria del Congreso para entrar en vigencia y modificar definitivamente el texto constitucional.
Actualmente, la propuesta se encuentra en la Comisión Política del órgano Legislativo para su estudio formal, tras lo cual será sometida a votación final. Paralelamente, la Asamblea Legislativa debe aprobar una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley Contra Actos de Terrorismo y otras normativas secundarias para homologarlas con los cambios constitucionales.
Contexto de seguridad y régimen de excepción
Esta iniciativa llega en un momento crucial, a pocos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo el régimen de excepción implementado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Estas organizaciones criminales han sido señaladas como responsables de la mayoría de homicidios en el país, que durante años fue considerado uno de los más violentos del mundo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró horas antes de la votación que "el país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores", fundamentando así la solicitud de levantar la prohibición de prisión perpetua existente hasta ahora.
Impacto del régimen de excepción
Bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, las autoridades han logrado la captura de más de 91.300 personas acusadas de pertenecer a pandillas o tener vínculos con estos grupos. Sin embargo, esta estrategia de seguridad ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes documentan que al menos 500 detenidos han fallecido bajo custodia estatal.
La reforma constitucional se enmarca en un proceso más amplio de cambios al sistema legal salvadoreño. En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ya había ratificado una polémica modificación que permite reformas exprés a la Constitución en una misma legislatura, reduciendo los requisitos para enmiendas constitucionales que anteriormente necesitaban aprobación en dos legislaturas diferentes.
Cambios en el sistema político
Con la nueva normativa, ahora se requieren 45 votos de los 60 diputados para aprobar y ratificar reformas constitucionales en un mismo día. Este mecanismo ha permitido al partido gobernante impulsar diversas modificaciones, incluyendo la controvertida reelección presidencial indefinida y ahora la implementación de penas perpetuas para delitos graves.
La votación de este martes marcó un hito político, ya que por primera vez el partido opositor Arena sumó sus votos a una iniciativa de esta naturaleza, reflejando un inusual consenso en materia de seguridad pública frente a la grave situación de violencia que ha afectado históricamente al país centroamericano.
