El Salvador establece cadena perpetua para delitos graves mediante reforma constitucional
El Congreso de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó este martes una histórica reforma constitucional que establece la cadena perpetua en el país centroamericano. Esta medida afectará específicamente a quienes sean hallados culpables de homicidio, violación y actos de terrorismo, marcando un punto de inflexión en la política criminal nacional.
Ampliación de penas más allá de los 100 años
Los diputados salvadoreños avalaron el cambio legal que permite extender por más de treinta años la permanencia en prisión de un condenado, incluso cuando ya tenga sentencias superiores a un siglo de encarcelamiento. Esta figura jurídica, similar a la existente en países como Argentina, Perú y Chile, representa una de las modificaciones penales más significativas en la historia reciente de la nación.
El presidente Nayib Bukele se manifestó públicamente antes de la votación parlamentaria, cuestionando: "Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión". Sus palabras reflejan el tono confrontacional que ha caracterizado su administración en materia de seguridad.
Contexto de estado de excepción y controversias internacionales
La reforma constitucional se produce en un momento particularmente sensible, apenas una semana después de que un grupo de abogados internacionales presentara un informe señalando "bases razonables" para creer en la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el polémico estado de emergencia. Entre las acusaciones figuran:
- Encarcelamiento arbitrario
- Tortura sistemática
- Desaparición forzada
- Persecución política
- Asesinatos extrajudiciales
El Gobierno salvadoreño ha rechazado categóricamente todas estas imputaciones, manteniendo que sus acciones se enmarcan dentro de la legalidad y responden a una necesidad imperiosa de seguridad ciudadana.
Cuatro años de régimen de excepción
El Salvador permanece bajo un régimen de excepción desde finales de marzo de 2022, medida que ha suspendido temporalmente algunas garantías constitucionales fundamentales. Durante este período, las autoridades de seguridad han realizado más de 90.000 detenciones, logrando simultáneamente una reducción drástica en los índices de homicidios que por años plagaron al otrora violento país centroamericano.
Esta ofensiva contra las pandillas, que próximamente cumplirá cuatro años de vigencia ininterrumpida, ha transformado radicalmente el panorama de seguridad nacional, aunque a costa de generar intensos debates sobre derechos humanos y límites del poder estatal.
