Entidades del Estado responden a alerta sobre riesgo de devolución de predios incautados a mafias
La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Superintendencia de Notariado y Registro emitieron un pronunciamiento conjunto tras las denuncias formuladas por la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, quien alertó que más de 19.000 predios incautados a organizaciones criminales enfrentan riesgo de ser devueltos a los delincuentes.
Coordinación institucional para preservar procesos de extinción de dominio
En su comunicado oficial, las tres entidades del Estado colombiano señalaron que adelantan "de manera coordinada acciones institucionales orientadas a preservar la efectividad de los procesos de extinción del derecho de dominio en Colombia". Esta respuesta institucional busca contrarrestar la incertidumbre generada por una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro que, según Pérez Parra, pone en peligro la permanencia de las medidas cautelares sobre estos bienes.
Las autoridades explicaron que la decisión provisional del Consejo de Estado, que suspendió la aplicación de la norma sobre caducidad de inscripciones en procesos de extinción de dominio, ha creado un escenario complejo que requiere atención inmediata. La caducidad se refiere a la posibilidad de que estas inscripciones pierdan vigencia por el paso del tiempo, lo que teóricamente podría facilitar la devolución de propiedades a sus antiguos dueños vinculados con actividades ilícitas.
Medidas adoptadas para garantizar la continuidad de las medidas cautelares
Frente a esta situación, las entidades han implementado varias acciones concretas:
- Expedición de la Instrucción Administrativa del 13 de febrero de 2024 por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, que establece lineamientos claros frente a las solicitudes de caducidad de inscripciones de medidas cautelares en procesos de extinción de dominio.
- Instalación de mesas técnicas interinstitucionales para analizar la problemática de manera integral y construir soluciones jurídicas y operativas coordinadas.
- Trabajo conjunto hacia la suscripción de un memorando de entendimiento que formalice y dé continuidad a este esfuerzo colaborativo entre las instituciones.
Las autoridades enfatizaron que comparten la posición de que la caducidad de una inscripción registral no equivale a la pérdida de vigencia de la medida cautelar decretada judicialmente. Según explicaron en el documento oficial, la medida cautelar permanece activa mientras la autoridad judicial competente no autorice su levantamiento o el proceso no haya concluido mediante sentencia ejecutoriada.
Compromiso con los fines constitucionales de la extinción de dominio
Minjusticia, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro aseguraron trabajar "conjuntamente para atender sus implicaciones, sin perder de vista la necesidad de salvaguardar los fines constitucionales que persigue la acción de extinción de dominio". Este mecanismo legal, fundamental en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, permite al Estado confiscar bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
La respuesta coordinada de estas tres instituciones busca transmitir un mensaje de fortaleza institucional frente a las preocupaciones planteadas por la SAE, reafirmando el compromiso del Estado colombiano con la efectiva aplicación de las herramientas legales diseñadas para combatir la criminalidad y debilitar económicamente a las organizaciones delictivas.
