Fiscalía española solicita bloqueo de páginas web de gestación subrogada extranjera
La Fiscalía española ha realizado una petición formal al Gobierno para que ejecute las gestiones necesarias con el objetivo de impedir el acceso desde territorio español a páginas web operadas por 13 empresas extranjeras que promueven y realizan prácticas comerciales ilegales relacionadas con la gestación subrogada.
Denuncias que impulsan la acción legal
Según un comunicado oficial emitido este miércoles, el Ministerio Público se ha dirigido específicamente a la Secretaría de Estado de Igualdad. Esta acción se deriva de denuncias presentadas por diversas entidades, tanto privadas como públicas, en las que también ha participado activamente el Defensor del Pueblo. La intervención de estas instituciones subraya la gravedad del asunto, dado que la gestación subrogada está totalmente prohibida en España.
Empresas y países involucrados
Las empresas identificadas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea (UE). Entre las compañías más destacadas se encuentran:
- Success-Maternidad Subrogada
- Go4Baby
- Tammuz Family
- Circle Surrogacy
- Growing Generations
- Surrogacy Beyond Borders
Marco legal español
La legislación española es clara y contundente al respecto. La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida establece textualmente: "Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". Esta disposición legal refuerza la postura del Estado español de considerar cualquier acuerdo de gestación subrogada como inválido y sin efecto jurídico.
La medida busca proteger a los ciudadanos españoles de involucrarse en prácticas que, además de ser ilegales en el territorio nacional, pueden conllevar riesgos legales y éticos significativos. La Fiscalía enfatiza la importancia de respetar y hacer cumplir la normativa nacional en materia de reproducción asistida, alineándose con los principios éticos y legales establecidos en el país.
