Estado colombiano declarado responsable por interceptaciones ilegales del DAS
En una decisión histórica, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el Estado colombiano es responsable por las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales que realizó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra miembros del Polo Democrático Alternativo.
Revocación de fallo anterior y fundamentos jurídicos
La Sección Tercera del tribunal, específicamente la Subsección B bajo la ponencia del magistrado Franklin Pérez Camargo, revocó completamente la decisión anterior que había negado la pretensión del Polo Democrático contra el antiguo organismo de seguridad.
El fallo judicial, emitido el pasado 30 de enero pero dado a conocer este viernes, establece que:
- Existieron vulneraciones graves a principios constitucionales como legalidad, necesidad y proporcionalidad
- Las interceptaciones carecían de justificación legal alguna
- Se trató de una operación institucional ilegal coordinada desde los más altos niveles directivos del DAS
Amplio espectro de víctimas afectadas
Según los documentos judiciales, la operación de vigilancia ilegal del DAS en 2009 no se limitó a políticos opositores, sino que afectó a un amplio grupo de ciudadanos que incluía:
- Defensores de derechos humanos comprometidos con causas sociales
- Periodistas y columnistas independientes que ejercían su labor informativa
- Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional
- Líderes y partidos políticos de oposición, especialmente el Polo Democrático Alternativo
Condena a exdirectora del DAS
En un aspecto particularmente significativo de la sentencia, el tribunal condenó específicamente a María del Pilar Hurtado Afanador, quien se desempeñaba como directora del DAS durante el período en que ocurrieron las interceptaciones ilegales.
La magistratura demostró la participación directa de Hurtado Afanador en la coordinación y ejecución de los seguimientos ilegales, estableciendo responsabilidad personal en estos hechos que vulneraron derechos fundamentales de numerosos ciudadanos.
Esta decisión judicial representa un hito en la justicia administrativa colombiana, al establecer claramente la responsabilidad estatal por acciones ilegales de sus organismos de seguridad y al imponer consecuencias personales a quienes dirigieron estas operaciones desde posiciones de autoridad.
