Estado colombiano condenado por espionaje ilegal del DAS contra oposición política
En un fallo histórico que reafirma la gravedad de los escándalos de interceptación ilegal en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró al Estado colombiano responsable por las chuzadas sistemáticas que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizó contra el Polo Democrático. La decisión judicial, emitida en segunda instancia, confirma la existencia de un plan institucional para espiar comunicaciones y seguir a dirigentes políticos de oposición sin justificación legal alguna.
Una organización criminal dentro del Estado
La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal revocó el fallo inicial del juzgado 62 Administrativo de Bogotá, que en noviembre de 2024 había negado las pretensiones del Polo Democrático Alternativo. Al revisar el caso, los magistrados establecieron evidencias contundentes de que "existió una operación institucional ilegal" ejecutada por servidores del DAS, "ordenada y coordinada desde los más altos niveles directivos de la entidad".
Según la sentencia, las actividades de inteligencia se realizaron sin orden judicial previa, vulnerando gravemente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir este tipo de actuaciones estatales. El documento judicial es categórico al señalar que "no queda duda que las actividades de inteligencia ilegales constituyen el daño antijurídico" atribuible directamente a la entidad.
Condena económica y responsabilidad directiva
El Tribunal determinó que el espionaje ilegal contra el Polo Democrático se extendió desde 2005 hasta 2009, abarcando así varios periodos de dirección del organismo de inteligencia. Como consecuencia de esta extensa violación de derechos, el Estado colombiano deberá pagar aproximadamente COP 700 millones en indemnización, equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La sentencia establece responsabilidades específicas, determinando que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, deberá asumir el 20% del monto total de la condena, correspondiente a su periodo de dirección entre agosto de 2007 y octubre de 2008. El fallo condena expresamente al "DAS y su sucesor procesal Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A." por el daño causado al partido político.
Precedentes de sanciones y contexto institucional
La decisión judicial recuerda que "no es en vano que varios de los directores del DAS hayan sido sancionados disciplinariamente e incluso penalmente" por actividades de contrainteligencia e interceptación ilegal de comunicaciones. Este reconocimiento oficial refuerza la caracterización de que existió una "verdadera organización criminal dentro del DAS", estructurada y direccionada desde sus máximos niveles jerárquicos.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca representa un hito significativo en la justicia transicional colombiana, estableciendo responsabilidad estatal por violaciones sistemáticas a derechos fundamentales durante operaciones de inteligencia. La sentencia subraya la importancia de los controles judiciales y la transparencia en las actividades de las agencias de seguridad del Estado, especialmente cuando involucran a actores políticos y de oposición.
