Exconcejal de San Gil declarado culpable de acoso sexual tras largo proceso judicial
Después de siete años de un extenso proceso judicial, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil ha emitido un fallo histórico al declarar culpable del delito de acoso sexual al exconcejal de San Gil, Juan Carlos Sánchez Rodríguez, conocido popularmente como 'Cominos'. El político, quien para 2019 ejercía como presidente de la corporación edilicia, fue hallado responsable de acosar sexualmente a la periodista Diana Carolina Cantillo Echavarría, quien en ese momento se desempeñaba como jefa de prensa de la Alcaldía de San Gil.
Audiencia condenatoria y pruebas contundentes
Durante la audiencia virtual celebrada el pasado jueves 9 de abril, la jueza anunció que "el sentido del fallo será de carácter condenatorio en contra del acusado Juan Carlos Sánchez Rodríguez". La decisión judicial se basó en un conjunto sólido de pruebas que incluyeron:
- Testigos presenciales que corroboraron los hechos
- Conversaciones de chat que ubicaban al acusado en el lugar y hora de los episodios
- Fotogramas que documentaron situaciones específicas de acoso
La magistrada determinó que "las pruebas debatidas en juicio llevan al conocimiento, más allá de toda duda razonable, acerca del delito y la responsabilidad del acusado". La audiencia de lectura de fallo está programada para el 29 de abril a las 10:00 a.m., donde el exconcejal podría recibir una condena de uno a tres años de prisión.
Los hechos que conmocionaron a San Gil
El 1 de febrero de 2019, Diana Carolina Cantillo Echavarría presentó formalmente su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, acusando al concejal Sánchez Rodríguez de realizar comentarios obscenos, tocamientos no consensuados e intentar acceder a ella por la fuerza. La comunicadora detalló que, entre febrero de 2018 y febrero de 2019, el político visitaba recurrentemente la Oficina de Prensa municipal para hacerle comentarios soeces sobre su cuerpo, su belleza y realizar insinuaciones sexuales explícitas.
El acoso escaló desde el plano verbal al físico, incluyendo situaciones donde el exconcejal:
- La cogía a la fuerza y la acercaba a su cuerpo intentando besarla en la boca
- Colocaba sus genitales cerca de su rostro
- Le tomaba fotografías haciendo zoom en partes específicas de su cuerpo
La situación se volvió tan insoportable que Cantillo Echavarría tuvo que renunciar a su cargo para proteger su integridad física y emocional. Tras su renuncia, varias mujeres del municipio se contactaron con ella revelando que también habían sido víctimas de acoso por parte del mismo hombre, lo que culminó en un plantón frente a la Alcaldía de San Gil.
Patrón de conducta y nuevas denuncias
La investigación judicial reveló que el comportamiento del exconcejal no fue un hecho aislado. En mayo de 2020, un año después de la denuncia inicial, Natalia Archila, periodista de una emisora comunitaria de San Gil, denunció que Sánchez Rodríguez había entrado a su lugar de trabajo, le había echado la mano encima del hombro, sobado un tatuaje que tenía en esa zona, y posteriormente la había tomado por la fuerza, manoseado y tratado de besar.
La víctima principal expresó en su momento: "Es un servidor público a quien le dieron ese mandato los sangileños que votaron por él. Él no puede usar esa investidura de poder para acosar, ni amedrantar ni dejar a la mujer indefensa, ni manipulada, ni maltratada, ni violentada como yo ahora me siento en estos momentos".
Consecuencias políticas y situación actual
El exconcejal Sánchez Rodríguez intentó presentar nuevamente su candidatura al Concejo en elecciones posteriores, pero la comunidad lo castigó en las urnas y no logró ser reelegido. Actualmente, según información conocida por esta redacción, el político se desempeña como líder cristiano en una iglesia del municipio y ofrece charlas religiosas tanto en Colombia como en varios países internacionales.
Este caso marca un precedente importante en la lucha contra el acoso sexual en el ámbito político y laboral en Colombia, demostrando que incluso figuras públicas con cargos de poder pueden ser llevadas ante la justicia cuando vulneran los derechos de las mujeres.
