La Crisis Institucional: Cuando la Justicia Llega Tarde
Colombia enfrenta un momento de extrema delicadeza institucional. El Gobierno nacional ha optado por utilizar de manera arbitraria sus atribuciones legales, abusando de ellas con el claro objetivo de capturar los pilares de la democracia. Dos ejemplos flagrantes son el aumento ilegal del salario mínimo, realizado a sabiendas de su irregularidad, y el abuso de la figura de Emergencia Económica para recaudar recursos y aplicarlos con una libertad de contratación inusual en plena época electoral.
Estas acciones no son simples errores administrativos; representan una demostración palpable de la fragilidad del sistema democrático y de sus instituciones cuando se decide actuar al margen de la ley. La democracia no se protege únicamente en las urnas durante las elecciones: se preserva día a día haciendo valer las instituciones, y en este aspecto, la justicia está fallando de manera preocupante.
La Lentitud Judicial: Un Caldo de Cultivo para la Impunidad
La salud de una democracia depende críticamente de la existencia de jueces y fiscales capaces de investigar con oportunidad, de separar a los poderosos del manejo del Estado cuando existen indicios graves de irregularidades, y de ofrecer decisiones en tiempos razonables. Lamentablemente, la justicia colombiana le ha fallado a la protección de la democracia frente a varios escándalos que rodean al gobierno del presidente Gustavo Petro.
No se trata de que ya existan condenas contra todos los involucrados, sino de que la lentitud extrema, los constantes aplazamientos y las vacilaciones institucionales han permitido que la sospecha de una captura del poder siga produciendo efectos políticos devastadores, mientras los procesos judiciales apenas avanzan a un ritmo glacial.
Recordemos que Petro llegó a la Presidencia con 11.291.986 votos, frente a los 10.604.337 de Rodolfo Hernández, una diferencia de apenas 687.649 votos, lo que representa solo un 3% del total. Un margen irrisorio que nunca debió coexistir con la sanción administrativa impuesta a su campaña presidencial por violación de topes de gasto y financiación irregular, cuyas investigaciones, hasta la fecha, no han avanzado significativamente en la Fiscalía General de la Nación.
Casos Emblemáticos que Manchan la Institucionalidad
Es una vergüenza nacional que permanezcan en altos cargos del Gobierno ministros, gerentes y embajadores con múltiples procesos judiciales abiertos que no progresan. Resulta particularmente impresentable que en el Ministerio del Interior haya un funcionario con al menos siete procesos en curso, uno de ellos por delitos electorales de gravedad.
El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) representa la imagen más clara y preocupante de este deterioro institucional. Con ministros, directivos, asesores presidenciales y congresistas actualmente en la cárcel, la dimensión del expediente sugiere algo mucho más profundo que simples hechos aislados de corrupción.
La investigación apunta a cómo recursos públicos habrían sido utilizados sistemáticamente para alterar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, mediante la concesión de favores contractuales y la compra de apoyos políticos. A esta grave situación se suma un patrón de dilación procesal que debilita día a día la confianza pública en la Fiscalía, con traslados y cambios en áreas sensibles mientras procesos de alto perfil avanzan "a paso lento".
La Democracia en Riesgo: Más Allá de la Presunción de Inocencia
Afirmar que la justicia le ha fallado a la democracia no equivale a desconocer el principio fundamental de la presunción de inocencia. Significa advertir con urgencia que una democracia puede deteriorarse irreversiblemente mucho antes de que lleguen las sentencias definitivas, precisamente cuando los órganos de control no actúan con la velocidad y la firmeza que la coyuntura exige.
Cuando la presunta corrupción toca el corazón mismo del Ejecutivo y del Congreso, y aun así los procesos se congelan, se aplazan indefinidamente o se resuelven demasiado tarde, la democracia no queda protegida por el derecho: queda expuesta, vulnerable, a la impunidad política más descarada.
En ausencia de una justicia ágil y efectiva, se consolida el abuso institucional de las facultades presidenciales y una participación flagrante en actividades políticas que configuran una estrategia evidente de captura de la democracia. La pregunta que queda resonando en el aire es alarmante: ¿Pueden robarse las elecciones ante nuestras propias narices sin que las instituciones estén capacitadas para proteger el sistema?
