Fallas del sistema judicial quedan al descubierto en reunión de alto nivel
En la sede principal de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, se desarrolló un encuentro crucial que expuso las profundas deficiencias del sistema de justicia colombiano. La fiscal Luz Adriana Camargo, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo y el alcalde de la capital Carlos Fernando Galán analizaron la alarmante situación de los delitos que afectan la convivencia diaria, con especial atención a un fenómeno preocupante: las capturas en flagrancia que terminan en libertad en cuestión de horas o días.
El telón de fondo: cifras que preocupan
El debate se desarrolló sobre un escenario estadístico alarmante. Según datos presentados durante la reunión, en 2025 se materializaron 33.698 capturas por distintos delitos en Bogotá, de las cuales 29.365 (87%) fueron en flagrancia. Sin embargo, el sistema muestra una falla estructural: al 94% de los detenidos no se les impone medida de aseguramiento intramural, incluso en casos que la opinión pública considera graves.
El panorama se complejiza al examinar las cifras globales del sistema penal. De acuerdo con un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, durante 2025 se registraron 1.797.731 denuncias ante la Fiscalía, con los delitos más reportados siendo:
- Hurto
- Lesiones personales
- Violencia intrafamiliar
- Estupefacientes
- Homicidio
Lo más preocupante es que el 96% de estas denuncias permanece en etapa de indagación y solo el 2,5% ha avanzado a etapa de juicio.
Las explicaciones institucionales
Durante la reunión, los funcionarios de la Fiscalía ofrecieron explicaciones técnicas sobre las limitaciones legales que enfrentan. El vicefiscal Gilberto Guerrero detalló que en delitos como lesiones personales, la norma solo permite solicitar medida de aseguramiento cuando el Instituto de Medicina Legal certifica una incapacidad superior a 30 días.
En un comunicado oficial, la Fiscalía precisó: "Se precisaron las razones legales por las cuales no se aplica detención preventiva en delitos menores relacionados, entre otros, con lesiones personales con incapacidades mínimas, hurtos en grandes superficies de cuantías muy bajas y conductas ejecutadas en modalidad de tentativa o no ejecutadas".
El ministro Cuervo intentó matizar la percepción generalizada: "Ese imaginario de que capturan a todo el mundo y a todo el mundo sueltan no es tan cierto. Hay que mirar delito por delito". Como ejemplo positivo mencionó el homicidio, donde las cifras de la Fiscalía muestran una efectividad cercana al 46% entre capturas y decisiones judiciales.
Limitaciones legales y operativas
El ministro explicó detalladamente las restricciones que impone la legislación actual:
- En lesiones personales con incapacidad inferior a 30 días, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal no permiten medida de aseguramiento carcelaria.
- En hurto, cuando la cuantía y la pena prevista son inferiores a cuatro años, el juez de control de garantías debe ordenar la libertad.
- Los casos de capturas ilegales —por fallas en el procedimiento, omisión en la lectura de derechos o uso indebido de la fuerza— representan un porcentaje marginal frente al total.
"La mayoría de los casos es porque la ley así lo exige", sostuvo Cuervo de manera enfática.
Propuestas y acuerdos alcanzados
Al término del encuentro, el alcalde Galán calificó la reunión como positiva y destacó varios acuerdos concretos:
- Creación de una mesa técnica para estudiar cambios puntuales en algunos artículos del Código de Procedimiento Penal.
- Implementación de herramientas tecnológicas para la identificación de delincuentes.
- Trabajo en proyectos de ley que permitan modificar la justicia penal para enfrentar la delincuencia con menos obstáculos.
La discusión de estos cambios se daría en el marco del Consejo de Política Criminal, con ajustes que serían tanto normativos como operativos.
Problemas operativos identificados
Durante la reunión se expusieron diversas dificultades prácticas que afectan la eficacia del sistema:
- Acceso a cámaras de seguridad: La entrega de grabaciones se retrasa frecuentemente por la exigencia de orden judicial, afectando la recolección de pruebas en las primeras 48 horas, consideradas clave.
- Tiempo de diligencias: Los uniformados deben permanecer horas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) tras una captura, lo que los saca de la calle y puede desincentivar la actividad operativa.
- Comunicación de cifras: Se planteó la posibilidad de realizar ruedas de prensa periódicas para informar sobre comportamiento de delitos, número de denuncias, capturas, libertades y judicializaciones.
El ministro Cuervo destacó que una divulgación más detallada podría ayudar a mitigar la percepción de ineficacia institucional que actualmente predomina en la ciudadanía.
Una conclusión contundente
El alcalde Galán cerró la reunión con una declaración que resume el sentir general: "Como sociedad tenemos que unirnos en torno a un propósito: quien cometa un delito violento no puede por ningún motivo quedar en libertad".
La reunión contó también con la presencia del vicefiscal Gilberto Guerrero, la delegada para Seguridad Territorial Deicy Jaramillo, el jefe del CTI general (r) José Luis Ramírez, oficiales de la Policía y voceros de la Alcaldía de Barranquilla, ciudad que enfrenta problemáticas similares y fue invitada especialmente a la discusión.
Este encuentro de alto nivel deja en evidencia que, más allá de las percepciones ciudadanas, existen limitaciones estructurales y legales que requieren atención inmediata para fortalecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar una respuesta efectiva frente a la delincuencia.
