El pasado 30 de abril, el Centro Internacional de Resolución de Disputas, un tribunal con sede en Estados Unidos, condenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a pagar alrededor de 3,57 billones de pesos a los inversionistas de la Concesión Ruta Al Mar, una obra del proyecto 'vías 4G' que conecta Antioquia y Bolívar. Los inversionistas demostraron que la ANI afectó sus negocios al terminar anticipadamente el contrato y por incumplir acuerdos sobre el cobro e instalación de peajes.
El pleito revela una filigrana adicional: la distancia entre la ANI y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), cuya función es defender al país en estos pleitos multimillonarios. La Andje, adscrita al Ministerio de Justicia desde 2011, defiende los intereses de la Nación en litigios nacionales e internacionales. Actualmente, representa al país en 16 arbitrajes internacionales de inversión por cifras que superan los 58 billones de pesos, con una tasa de éxito cercana al 80%. Sin embargo, según fuentes cercanas al proceso y la misma condena, la ANI jamás acudió a la Andje para defender los 3,57 billones que perdió. Al contrario, cambió constantemente de estrategia jurídica en las fases más sensibles.
Una fuente al interior de la Andje, cuyo nombre se reserva, señaló que 'nunca solicitaron apoyo para ese proceso'. Debido a los inconvenientes con su estrategia de defensa, la ANI pidió este año que, ahora sí, les tiendan la mano en otros dos arbitrajes de inversión. Para el caso de Ruta Al Mar, la ANI eligió inicialmente a su propio despacho jurídico como representante legal ante el tribunal. Los funcionarios designados fueron la entonces presidenta encargada Carolina Jackeline Barbanti (despedida en febrero pasado), la vicepresidenta jurídica Luz Adriana Vásquez y los asistentes Jimmy Alexander García y Rocío Pinzón Flórez.
Según la condena, el consorcio demandante, representado por Rincón Castro Abogados, presentó su demanda en junio de 2023. Tras la notificación, la ANI radicó la primera contestación el 8 de agosto de 2024 y escogió a Pérez Portacio & Asociados como firma defensora. Esta firma, integrada por solo dos abogados (Camilo Pérez Portacio y Liliana Melo Salazar), se especializa en 'conceptualización de los temas, asesoría y consultoría, hasta la defensa de los intereses de clientes públicos y privados en instancias administrativas, jurisdiccionales y arbitrales'.
Por más de un año, Pérez Portacio & Asociados asumió la defensa de la ANI, respondiendo por la etapa de exhibición de documentos y la radicación de pruebas sobrevinientes. Conoció la audiencia más importante, realizada entre el 25 y 30 de agosto de 2025, donde los quejosos presentaron testigos y peritos socioeconómicos, de tráfico, técnicos y financieros. Sorpresivamente, un mes después, en septiembre de 2025, la firma renunció como representante de la ANI.
Desde entonces, la ANI fue representada por Germán Humberto Rodríguez Chacón, quien en la página web de la entidad figura como gerente de proyectos. Posteriormente, mediante comunicados del 27 y 28 de octubre de 2025, la ANI otorgó poder a la firma Álvarez Álzate & Asociados, cuyo representante legal es el profesor de la Universidad Externado José Manuel Álvarez Álzate, experto en derecho comercial internacional e inversiones. Durante su gestión, la firma solicitó modificar el calendario procesal, ampliar escritos post-audiencia y extender plazos para presentar dichos, así como incorporar nuevas pruebas. El tribunal accedió, pero no ocurrió mucho más. El 3 de marzo de 2026, el tribunal comunicó el cierre de la instrucción. Los inversionistas ganaron el pleito y la ANI debe desembolsar más de 3,5 billones de pesos.
No es la primera vez que ocurre. En mayo de 2025, la ANI perdió otro arbitraje comercial ante el mismo centro, contra inversionistas extranjeros del proyecto Perimetral de Oriente, otra vía 4G. La infraestructura no pudo terminarse porque la ANI no calculó la existencia de decenas de manantiales que impedían la intervención de maquinaria. El inversionista, también representado por Rincón Castro Abogados, probó que las fallas de la ANI generaron millonarias pérdidas por peajes, siendo condenada a pagar 1,3 billones de pesos. En ese proceso, la ANI tampoco solicitó ayuda de la Andje. Una fuente indicó que la ANI se asesoró con 'Ortegón Pulido, Torres Arbitration y Álvarez Zárate', el mismo abogado José Manuel Álvarez Álzate que perdió el caso de Ruta al Mar.
La semana pasada, la ANI anunció que estudia solicitar una aclaración del laudo arbitral que la condenó a pagar 3,57 billones de pesos a la Concesión Ruta al Mar S.A.S. por incumplimientos contractuales. La entidad revisa el alcance jurídico y financiero del fallo para identificar posibles inconsistencias, ambigüedades y ajustes en los montos y condenas. Según explicó, dentro de los próximos 30 días calendario podría solicitar formalmente una aclaración, corrección o complemento del laudo, antes de acudir eventualmente al Consejo de Estado mediante un recurso de anulación. También evaluará si existió un 'exceso en la fórmula de liquidación' y la inclusión de conceptos fuera de las obligaciones contractuales originales.
