El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó una demanda con medida cautelar ante el Consejo de Estado contra el decreto del presidente Gustavo Petro que nombra al exalcalde Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud. La acción legal alega que Quintero no cumple con los requisitos técnicos y la experiencia necesaria para el cargo.
Detalles de la demanda
La demanda de nulidad busca dejar sin efecto el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, argumentando que el nombramiento infringe normas superiores al designar a alguien que no posee las calidades constitucionales o legales de elegibilidad. El recurso se fundamenta en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Perfil académico de Quintero en cuestión
Los demandantes sostienen que el cargo de Superintendente de Salud exige formación en áreas relacionadas con la salud, ciencias sociales o administración pública. Sin embargo, Daniel Quintero es ingeniero electrónico con especialización en finanzas, un perfil orientado a la tecnología y la gestión financiera, lo que, según la demanda, no se alinea con los requerimientos del puesto.
La falta de una base académica en salud pública o derecho administrativo sanitario podría comprometer la capacidad técnica de la Superintendencia para supervisar a las EPS e IPS, según el texto legal.
Experiencia profesional insuficiente
El cargo exige al menos 84 meses de experiencia profesional relacionada. La demanda detalla que la trayectoria de Quintero en innovación, tecnología y como alcalde de Medellín no se traduce automáticamente en experiencia técnica en vigilancia sanitaria.
Legitimidad del alcalde Gutiérrez
Federico Gutiérrez justifica su acción basándose en el riesgo sistémico para la red hospitalaria de Medellín, que atiende a más de dos millones de personas. La medida cautelar busca suspender provisionalmente el nombramiento para evitar lo que califican como una incompatibilidad manifiesta.
La demanda también cuenta con el respaldo de gerentes de la red hospitalaria pública del distrito de Medellín, quienes consideran que la designación vulnera el principio de legalidad en la función pública.
